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San Juan, PR / 16 de enero de 2022 – La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara presentó una medida para establecer una moratoria a los abonados sobre los pagos de aumento en las facturas de luz y agua. La medida, además, prohíbe el cobro del aumento en los peajes durante los próximos 12 meses.
La resolución conjunta de la Cámara 249 ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), a LUMA Energy y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a establecer una moratoria voluntaria, a opción del cliente o abonado, sobre los pagos de aumento en las facturas de los servicios de agua potable y electricidad, respectivamente, correspondientes a los 12 meses siguientes a su aprobación.
Del mismo modo, prohíbe el cobro de recargos, penalidades y/o suspensión de servicios por un cliente o abonado acogerse a la referida moratoria debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país ante los casos positivos de coronavirus (Covid-19) y el nivel histórico de hospitalizaciones.
Además, prohíbe a la Autoridad de Carreteras todo aumento en el cobro de peajes en las autopistas de la isla por los próximos 12 meses a partir de la aprobación de la resolución.
“A pesar de la crisis económica en la cual nos encontramos, LUMA y la AEE han solicitado un aumento en la tarifa de electricidad que alcanza sobre el 16% de la tarifa actual. Según ha trascendido, la AAA sigue el mismo camino, y próximamente anunciará un potencial aumento en su tarifa también”, dijo Jessie Cortés Ramos.
El presidente de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Permisología agregó que “con esta medida queremos salvaguardar la seguridad económica y garantizar los servicios esenciales de agua potable y energía eléctrica de cientos de miles de familias puertorriqueñas”, al tiempo que explicó que el carácter voluntario de la medida permite que aquel cliente o abonado que desee continuar realizando sus pagos como de costumbre, así lo haga.
Mientras, la representante Estrella Martínez Soto enfatizó que la medida va dirigida a las familias más vulnerables económicamente.
“Aquella persona que se vea en una situación económica precaria como consecuencia de las medidas implementadas ante la emergencia, podrá acogerse a la moratoria para así contar con los recursos para atender sus necesidades básicas y la de los suyos, sin enfrentar cargos, penalidades o aumento en tasa de intereses o intereses adicionales que vulneren adicionalmente sus condiciones financieras”, sostuvo Martínez Soto.
