Una lacra que lacera la calidad de la gobernanza y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones
Inter News Service / Por Rafael Santiago Medina
San Juan, PR / 3 de diciembre de 2021 – La corrupción mediante contratos de bienes y servicios de la empresa privada con el gobierno se ha apoderado de Puerto Rico. No únicamente en la administración central de gobierno, sino en los municipios.
Esta es una lacra que desmejora la calidad de la gobernanza. También impide el buen desarrollo económico de Puerto Rico y su avance competitivo en la economía global de hoy.
El caso más reciente de Cataño y su exalcalde, Félix “el Cano” Delgado y el empresario Oscar Santamaría, quien le pagaba a aquél fuertes cantidades de dinero en efectivo para obtener contratos en ese municipio, así como el esquema de corrupción con el empresario Mario Villegas, cuyos pagos al mandatario alcaldicio eran en efectivo y con relojes de lujo, a cambio de contratos para la compañía J.R. Asphalt, es muestra de lo contaminado y viciado que está el entorno político en este país. El “Cano” Delgado ha aceptado su culpabilidad ante las instancias federales que continúan con la investigación del caso.
Se lacera con la corrupción, no únicamente la propia institucionalidad del gobierno, sino a la empresa privada y se traiciona la confianza de la ciudadanía en la injerencia de los intereses empresariales y comerciales privados en la vida pública y la gobernanza del país.
La corrupción traiciona el fin que se persigue de procurar el bienestar de la ciudadanía y mejorar el desempeño gubernamental con el ofrecimiento de bienes y servicios del sector privado al gobierno.
Es grave el daño que la corrupción ha caudado a la relación de la empresa privada y el gobierno y en términos generales al país, tanto en el ámbito fiscal, en la calidad de la gobernanza estatal y municipal, en la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad pública y privada, al igual que por el efecto dañino de sus repercusiones directas e indirectas a la economía nacional.
Urge limpiar y sanear a Puerto Rico del mal de la corrupción, no únicamente mediante la intervención de las autoridades federales protegiendo los fondos federales asignados desde Washington, sino que se impone la necesidad de que las autoridades estatales sean eficientemente más proactivos atacado de raíz la corruptela enquistada en la sociedad puertorriqueña para procurar un mejor país y garantizarle a las futuras generaciones una mejor calidad de vida y un futuro promisorio.
