Solicitarán investigación ante posible cierre de hogares que acogen a menores bajo tutela del DF
Inter News Service
San Juan, PR / 3 de agosto de 2021 – La senadora Elizabeth Rosa Vélez someterá una resolución de investigación, tan pronto inicie la sesión ordinaria, para investigar el impacto de la implementación de la ley federal conocida como Family First Prevention Services Act, que entrará en vigor en octubre y provocará el cierre de decenas de hogares que acogen a menores de edad removidos del cuidado de sus familias.
La medida surge ante el posible cierre de este tipo de hogares o centros, conocidos también como hogares de cuidado grupal en el distrito de Arecibo, en especial el Hogar Colegio La Milagrosa (HCLM).
El HCML ofrece servicios hace 95 años, y acoge y presta servicios a niñas de entre cuatro y 17 años y 11 meses que se encuentran bajo la tutela del Departamento de la Familia (DF).
“Es necesario que el Departamento de la Familia deje claro cuál es el impacto que tendrá la implementación del Family First Prevention Services Act en las decenas de centros que ofrecen servicios a los menores removidos de sus familias. De igual forma, debe presentar el reglamento para implementar la ley, el plan delineado para ubicar a los menores que residen en estos centros así como las excepciones a la ley”, argumentó Rosa.
A su entender “es un asunto sumamente importante, pues se trata de la vida y el futuro de cientos de niños. Es menester que el Departamento lleve a cabo un proceso transparente, que tenga como prioridad el bienestar físico y emocional de los menores”.
La Family First Prevention Services Act, aprobada en febrero de 2018, tiene como propósito ampliar el apoyo federal a los servicios de bienestar y prevención para familias, entre otros.
Además, fija nuevas restricciones en la otorgación de recursos federales para procesos de reubicación y para el reembolso de fondos para costear la ubicación de menores en entornos de cuidado grupal.
En agosto de 2018, Puerto Rico solicitó una prórroga en la aplicación de la ley y un año más tarde se creó el comité timón desde Administración de Familias y Niños (Adfan), para que entre junio de 2019 y octubre de 2021 realizara, planificara e implementara el estatuto en la isla.
A dos meses de que finalice la prórroga, se desconoce qué pasará con los centros que ofrecen estos servicios.
La legislación federal incide directamente sobre hogares e instituciones licenciadas por el DF que tienen la encomienda de albergar, cuidar, proteger y educar a niños(as) cuyas condiciones familiares, bien sea por orfandad, maltrato, abandono o simplemente por pobreza, no les ofrecían la seguridad ni garantizaban su bienestar físico, intelectual y emocional.
