Ya es ley medida para la asignación de agua de los embalses para sistemas de riego agrícola
Periódico el Sol de PR
San Juan – jueves, 9 de junio de 2022-El presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, Jorge Alfredo Rivera Segarra, anunció que el gobernador Pedro Pierluisi firmó ayer el Proyecto de la Cámara 815, de su autoría, denominada ‘Ley para Salvaguardar la Asignación de Agua de los Embalses para nuestros Sistemas de Riego Agrícola’, (ahora Ley 34-2022) donde dispone los deberes y responsabilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Departamento de Agricultura (DA), para establecer la supremacía de dicha medida a los fines de proteger las cantidades requeridas de agua de los embalses de Puerto Rico para usos agrícolas.
“Agradecemos al Gobernador por firmar la medida, así como a los representantes y senadores que la avalaron con sus votos, y que entendieron la importancia de asegurar la estabilidad de nuestra industria agrícola, y la seguridad alimentaria de nuestro país”, señaló Rivera Segarra, representante por Adjuntas, Utuado, Lares y Jayuya. “No es casualidad, cuando precisamente experimentamos una sequía que esta medida completa su curso normal. El agua representa uno de los recursos naturales más importantes para la humanidad. Se pronostica que en un futuro muy cercano, surjan las dos mayores crisis a nivel mundial: la escasez de agua y de alimentos. Se desprende también de la medidaque de surgir una crisis alimentaria mundial provocaría el alza sin precedentes del precio de los alimentos, especialmente los alimentos básicos”, señaló Rivera Segarra.
Durante el proceso legislativo, el Departamento de Agricultura concurrió con el P de la C 815, ya que la actividad económica que genera la agricultura depende obligatoriamente del recurso del agua, “por lo que es vital e importante el lograr la preservación de los sistemas de riego, que ayuda a aumentar la producción y proteger la continuidad del desarrollo agrícola en la Isla”, reza la ponencia.
“En Puerto Rico existen tres distritos de riego: Distrito de Riego de la Costa Sur, que se divide en el Canal de Guamaní-Patillas y el Canal de Juana Díaz aprobado mediante la Ley de Riego Público, creado en 1908c el Distrito de Riego de Isabela, creado en 1919, y el Distrito de Riego del Valle de Lajas, creado en 1952. Desde esa fecha, se le ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica hacer las gestiones y estudios que sean necesarios para la construcción, bien por administración o por contrato, del Sistema de Riego en sí del Proyecto del Suroeste de Puerto Rico”, añadió Rivera Segarra.
A través de los años, parte de esos terrenos, incluidos en el distrito de regadío, se han urbanizado y comprometen permanentemente en usos no agrícolas tales como residenciales, comerciales e industriales. También la demanda de agua de los canales de riego para uso doméstico es cada vez mayor, y es por ello que se requiere hacer un delicado balance ante ambas necesidades y requerimientos apremiantes.
Como parte del proceso legislativo, la organización de Agricultores de las Regiones de Riego Sur y Sur Este de Puerto Rico (ARRSSE), fue representada por el Agrónomo Jaime Oyola Morales, señaló en su comparecencia que el tema de la agricultura en Puerto Rico por las pasadas dos a tres décadas no ha ocupado la importancia que se merece y por ende no le han dado la importancia al llamado que los científicos han venían recalcando sobre el cambio climático. En su ponencia hizo hincapié en que Puerto Rico una de las cosas que tenemos que atender como industria es el proteger nuestra seguridad alimentaria y al mismo tiempo aumentar la producción agrícola local a un nivel donde si ocurriera algún fenómeno natural, podamos enfrentarlo con una mejor posición en cuanto a nuestros abastos de alimento se refiere. De igual manera, la organización Acción Reforma Agraria, Inc., endosó la medida.
“Es importante señalar que en cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, conocida como ‘Código Municipal de Puerto Rico’, nuestra Comisión de Agricultura certificó que la pieza legislativa bajo análisis no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales”, finalizó Rivera Segarra.
