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San Juan, 18 agosto de 2022.- Al decir del senador Ramón Ruiz Nieves, el contrato de privatización de la administración y operación de los muelles de los cruceros firmado por el gobierno “levanta serias preocupaciones sobre su adecuada ejecución y es otro ejemplo más de la constante improvisación que rige las actuaciones de la administración Pierluisi”.
“El gobierno otorgó el contrato de privatización a la empresa Global PortsHolding (GPH) por un término de 30 años, lo que requiere de unas inversiones de unos 425 millones en mejoras a infraestructura portuaria por parte de GPH. No obstante, se otorga este contrato a pesar de que una investigación de prensa reveló que las finanzas de la empresa GPH se encuentran actualmente en una encrucijada, lo que pone en entredicho la capacidad económica de esta empresa para cumplir con los requerimientos de inversión”, sentenció el legislador del PPD.
El senador recordó que el gobierno de Pierluisi “ha demostrado ser un pobre fiscalizador de las operaciones de las entidades privatizadoras. Tenemos el lamentable ejemplo de LUMA, los apagones, los constantes aumentos en la tarifa, los atropellos en el servicio, el maltrato de los consumidores y la total libertad bajo la cual opera este privatizador sin que el gobierno le haga ningún reclamo en protección de pueblo”.
“Justamente ayer, los efectos de unos aguaceros provocaron que sectores del país se quedaran sin energía. No obstantes la situación, Pierluisi insistió ante la prensa que su gobierno fiscaliza adecuadamente a LUMA. Otros ejemplos de la probada incapacidad del gobierno en fiscalizar a las entidades privatizadoras es Aerostar (con las pobres condiciones del aeropuerto LMM) y de Metropistas (con los constantes aumentos en peajes)”, enfatizó Ruiz Nieves.
Añadió que “ahora vemos cómo el gobierno PIerluisi tramita a toda prisa la privatización de los muelles de los cruceros con una empresa (GPH) que presenta serias interrogantes sobre sus condiciones financieras, su solvencia económica y su capacidad para cumplir con los requisitos de la privatización y las mejoras necesarias a la infraestructura de los muelles”.
A su juicio, “es un contrato negociado y otorgado a la ligera, en cuartos oscuros, sin una debida transparencia y bajo unas condiciones que anticipamos limitarán la capacidad de futuras administraciones para desvincularse del contrato de privatización. No sabemos si el contrato incluye criterios para medir la eficiencia y productividad del ente privatizador y si existen sanciones por incumplimiento”.
