Senado aprueba medida que otorga 48 horas para aprobar o denegar permisos de demolición de estructura afectadas por sismos
(Enmienda Código Penal para tipificar como delito agravado daños a zonas históricas y turísticas)
El Senado aprobó hoy una medida que concede un periodo de 48 horas a las agencias o municipios la facultad de autorizar o denegar permisos de demoliciones totales o parciales de estructuras públicas o privadas que se han visto severamente afectadas por los sismos ocurridos desde diciembre pasado.
En la Resolución Conjunta del Senado 467, que no contó con el voto afirmativo de los senadores de minoría Juan Dalmau Ramírez y Miguel Pereira Castillo, se estableció que, si las agencias o municipios facultadas para conceder o denegar el permiso requieren un término mayor de 48 horas, deberán consignar las razones en ese término.
El peticionario o solicitante podrá presentar evidencia “fehaciente” y certificada por un profesional “competente” de que procede la demolición para refutar la determinación que la Resolución procura. Esto no podrá demorar más de 15 días laborables.
Uno de los autores de la medida, el senador por el Distrito de Ponce, Luis Berdiel Rivera, aseguró que ante los sismos que se están sintiendo en el sur desde finales de diciembre pasado, la medida lo que busca es “evitar la burocracia” de la permisología para estructuras que han sido gravemente afectadas entre estas algunas que forman parte del casco urbano de Ponce, el edificio Ponciana, entre otros que ubican en los municipios afectados.
“En Ponce nada más son 26 edificios (afectados)”, señaló Berdiel Rivera.
La medida, que también es de la autoría de los senadores Henry Neumann Zayas y Héctor Martínez Maldonado, pasa a la consideración de la Cámara de Representantes.
Incluyen en Código Penal daños a zonas históricas
Por otra parte, se aprobó enmendar el Código Penal para incluir bajo el delito de daño agravado aquellos realizados a bienes inmuebles o muebles en zonas históricas y turísticas, debidamente así reconocidas por autoridades competentes.
La aprobación del Proyecto del Senado 1479, de la autoría del senador Miguel Romero Lugo, surge luego de que en la protesta de la semana pasada en el Viejo San Juan (patrimonio de la humanidad por la UNESCO) se tornaran violentas y que culminaron con agresiones a personas, así como daño y destrucción de propiedad pública y privada.
Por lo tanto, de convertirse en ley, se sancionará con pena de reclusión por un término fijo de tres años a toda persona que cometa delitos de daños como el antes estipulado, y si resultara convicta en la modalidad de delito grave será sancionada con pena de multa de hasta $10 mil.
También el tribunal podrá imponer la pena de restitución por el doble de los daños ocasionados.
“No podemos permitir la impunidad en zonas que representan la esencia de Puerto Rico. Esta medida no altera de forma alguna los elementos de delitos de daños. Es sencillamente proteger esas estructuras y propiedades que están en zonas históricas”, dijo Romero Lugo, durante un turno sobre la pieza legislativa.
Por su parte, el portavoz de la Mayoría, Carmelo Ríos Santiago fue más allá y dijo que, aunque no es autor de la Resolución “imputaría que los organizadores de estos eventos también tengan responsabilidad penal porque después se van para su casa ¿y a quien atribuimos la responsabilidad? Son tan responsables como los otros. La manifestación se acaba cuando se va el último manifestante. No puede ser que cualquiera convoque una actividad y no se le pida responsabilidad”.
La medida pasó el cedazo del Senado con el voto de 20 senadores incluyendo el del portavoz de la delegación popular Aníbal José Torres Torres. Le votaron en contra los senadores Juan Dalmau Ramírez, José Vargas Vidot, varios de la delegación popular y el senador Héctor Martínez Maldonado.
La medida pasa a la consideración de la Cámara de Representantes.
En la Sesión se recibieron varios informes y se aprobaron dos medidas camerales.
La próxima Sesión es mañana miércoles, 29 de enero; a las 11:00 a.m
