Senado aprueba medida de exención contributiva sobre ingresos generados por arrendamiento de propiedades residenciales

(El Capitolio) — El Senado aprobó hoy en Sesión Ordinaria el Proyecto del Senado 19, de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, que enmienda la Ley 132-2010, conocida como la Ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles. Esta enmienda extiende por 30 años adicionales la exención contributiva sobre los ingresos generados por el arrendamiento de propiedades residenciales, cuya fecha de vencimiento estaba prevista para el 31 de diciembre de 2025.

Según la exposición de motivos, la medida busca mitigar el impacto de la inflación en los costos de alquiler y fomentar la estabilidad del mercado de vivienda en Puerto Rico. La Ley 132-2010 fue originalmente aprobada en un contexto de crisis económica para incentivar la construcción y el arrendamiento de propiedades residenciales.

Asimismo, el proyecto introduce una enmienda para excluir de la definición de “arrendador elegible” a aquellos que ofrezcan alojamientos a corto plazo conforme a la Ley 272-2003. Se reconoce que estos arrendamientos, aunque forman parte del sector residencial, tienen un uso predominantemente turístico y comercial, por lo que no deben beneficiarse de una legislación diseñada para promover el acceso a vivienda a largo plazo.

Por otro lado, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 267, que busca enmendar la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019) y la Ley de Política Pública de Diversificación Energética (Ley 82-2010) para atemperar los objetivos de política pública energética a la realidad de la emergencia energética de Puerto Rico.

Además, procura garantizar el cumplimiento de las metas establecidas para el 2050, particularmente en lo relacionado con la confiabilidad y resiliencia del servicio eléctrico.

“El Proyecto de la Cámara 267 no es perfecto, pero en conjunto con la Orden Ejecutiva 2025-003 realiza un procedimiento expedito para la construcción de nuevas plantas generadoras y la transición hacia otras fuentes de energía. No podemos permitir que este proceso se vea entorpecido por trámites burocráticos o agendas que retrasen la recuperación de nuestro sistema eléctrico. La ley es clara cuando dispone que los permisos, consultas, variaciones, certificaciones y concesiones necesarias deben ser tramitadas con carácter de emergencia”, declaró el senador Wilmer Reyes Berríos.

Según el informe de la Comisión de Gobierno del Senado, “la propuesta legislativa representa un esfuerzo pragmático por avanzar hacia un sistema energético sostenible sin comprometer la estabilidad del servicio ni aumentar los costos para los consumidores. Si bien la meta de lograr un 100% de energía renovable para el 2050 sigue firme, se reconoce que es necesario realizar ajustes estratégicos en las metas intermedias y en los plazos de eliminación del carbón para garantizar una transición ordenada y eficiente”.

También detalla que, con la aprobación de este proyecto el Gobierno de Puerto Rico busca actualizar las disposiciones legales existentes para reflejar las condiciones actuales del sistema energético de la Isla, garantizando un balance entre la protección ambiental, la estabilidad del servicio y la viabilidad económica de la transición energética.

“Entendemos la realidad de que la planta de generación de energía sigue siendo parte del sistema eléctrico de nuestra isla y por eso es urgente y necesario un compromiso firme y concreto para atender esta situación de inmediato. No podemos seguir postergando decisiones que afectan a la salud pública y desarrollo sostenible de Puerto Rico. Nosotros estamos bien vigilantes porque no se puede continuar postergando estas decisiones”, declaró el senador Rafael “Rafy’ Santos Ortiz.

Las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y Proyecto Dignidad (PD), así como el senador independiente Eliezer Molina Pérez, no favorecieron la medida que fue confirmada con 18 votos a favor y nueve en contra.

Asimismo, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 25, presentado por Rivera Schatz, que enmienda la “Ley del Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos de Puerto Rico” y la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico”. Esta medida propone establecer un nuevo mecanismo de asignación de fondos para fortalecer el Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos, adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).

“En Puerto Rico uno de los problemas que tenemos de salud mental es la ausencia de controles, ASSMCA lo que está buscando es recaudar fondos para fortalecer y mejorar todos aquellos programas de concienciación, seguimiento, intervención y prevención para personas que practican lo que muchos le llaman el deporte de apuestas lícitas. Pero, eso puede tener a su vez, si se practica de una forma desenfrenada, problemas en nuestros hogares, como sean las dinámicas familiares, como sean las dinámicas en los trabajos o en las comunidades”, expresó la senadora Roxanna Soto Aguilú.

La propuesta modifica la fórmula de financiamiento del programa, sustituyendo la asignación fija de un millón de dólares anuales por un sistema basado en un porcentaje de los ingresos brutos generados por apuestas hípicas, tragamonedas y la Lotería de Puerto Rico. Con este ajuste, se garantizaría una asignación de fondos más acorde con las necesidades actuales y se fortalecerían los servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación para personas afectadas por la adicción al juego.

De igual manera, la propuesta establece que un 1% de los ingresos generados por ciertas modalidades de apuestas será destinado directamente a este Programa, asegurando que los recursos disponibles crezcan en proporción con el desarrollo de la industria del juego en la Isla.

De otro lado, el Alto Cuerpo dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 8, de la autoría de Wandy Soto Tolentino para investigar el traspaso del plantel escolar Laura Navarro, en Juncos, a la organización sin fines de lucro Long Term Recovery Group of Puerto Rico, Inc. Esta entidad ha estado utilizando la propiedad, vía arrendamiento desde 2019 para ofrecer servicios comunitarios gratuitos, tras encontrarse en desuso y abandonada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. La medida busca agilizar el proceso de transferencia para que la propiedad continúe en uso con fines sociales y de apoyo a la ciudadanía.

A su vez, recibió el aval la Resolución Conjunta del Senado 18 presentada por el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), el senador Juan Oscar Morales Rodríguez, para denominar el edificio sede de la Comisión Estatal de Elecciones, en el Municipio de San Juan, con el nombre de Juan R. Melecio Machuca.

“Juan R. Melecio hizo grandes aportaciones a la Comisión Estatal de Elecciones, fue invitado por muchos países a diferentes eventos electorales para que sirviera de observador, por el modelo que pudo implementar en aquel tiempo. Tuvo la ayuda de los comisionados de diferentes partidos políticos, pero él fue la persona que orquestó y que logró que la Comisión fuera reconocida no tan solo en Puerto Rico, sino que en el mundo entero”, sentenció Morales Rodríguez.

Según la medida, el propósito de la Resolución es honrar la vida, obra y legado de Juan R. Melecio, quien en vida fuera uno de los más grandes defensores del sistema electoral puertorriqueño y como tal, un guardián de nuestra democracia.

Finalmente, se aprobaron dos resoluciones adicionales. En primer lugar, la Resolución del Senado 81 del portavoz del PNP, Gregorio Matías Rosario que ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano a realizar investigaciones sobre seguridad pública y asuntos de los veteranos. Esto incluye evaluar planes, programas y servicios de agencias de seguridad, verificar su cumplimiento con leyes y regulaciones, y garantizar los derechos de los veteranos a una mejor calidad de vida.

De igual forma, avaló la resolución senatorial 85, presentada por los senadores Wilmer Reyes Berríos y Rafael “Rafy” Santos Ortiz, para investigar sobre el posible cierre de siete Centros de Experiencia al Cliente de LUMA Energy. Según la comunicación por parte de la compañía eléctrica, a partir del 5 de abril de 2025 cesarían operaciones los centros ubicados en los municipios de Cayey, Manatí, Naranjito, Santa Isabel, San Sebastián, San Germán y Utuado.