Reclaman justicia residentes de Estancias de Aragón y Ponciana tras seis años de desalojo

Por Wilsy Ferrer / El Sol de Puerto Rico

Ponce, PR (16 de noviembre de 2025)- Entre el dolor acumulado, la frustración y el deseo de ser escuchados, un grupo de residentes de los condominios Estancias de Aragón y Ponciana alzó su voz el pasado domingo, 16 de noviembre, en una manifestación realizada en la vía pública en Ponce. Allí, denunciaron lo que describen como “atropellos, falta de transparencia e injusticias” que los han marcado desde que fueron desalojados de sus hogares tras los terremotos de enero de 2020.

Lo que para muchos debió ser un proceso temporero de protección, se ha convertido en una experiencia que, aseguran, les ha robado estabilidad, salud emocional y la seguridad de tener un techo digno. La mayoría de los afectados son personas de edad avanzada, quienes están por cumplir seis años fuera de sus apartamentos debido a un desalojo que alegan fue implementado “sin las debidas certificaciones de expertos ni la intervención adecuada de agencias especializadas”.

“Nos sacaron sin evidencia técnica. No había razones válidas. Desde ese momento, hemos vivido seis años de incertidumbre, de lucha y de injusticia”, expresó Juan Howe, portavoz de los residentes y titular de varios apartamentos en Estancias de Aragón.

Howe sostuvo que las administraciones de ambos complejos han incurrido en múltiples irregularidades, varias de las cuales, según indicó, ya han sido señaladas ante los tribunales. Sin embargo, aseguró que aun demostrando esas ilegalidades, las agencias correspondientes no han intervenido con firmeza ni les han provisto alternativas concretas.

Entre las denuncias más graves, varios residentes presentes afirmaron que han sido obligados a pagar mantenimiento de apartamentos en los que no pueden vivir, y que esa práctica ha condicionado ese pago para poder participar en reuniones comunitarias. Asimismo, alegaron que no ha ocurrido información importante relacionada a inspecciones, fallas estructurales y daños que describen como “agravados por la falta de transparencia”.
“Una de las cosas más dolorosas es que las administraciones envían cartas, notifican sin evidencia y sin leerlas, las impugnan. No hay empatía ni respeto”, expresó una de las residentes afectadas.

El portavoz Juan Howe hizo un llamado directo a la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO):
“Yo le exijo a la secretaria del DACO que vele por estas comunidades. Y si no tiene la jurisdicción primaria, como dispone la Ley de Condominios, entonces que permita que los tribunales competentes asuman el caso. Se tienen que hacer inspecciones, se tienen que investigar estos procesos. Necesitamos justicia”.

El reclamo también se extendió al gobierno central y municipal: a la Gobernadora, a los presidentes legislativos, a los Representantes del Sur y a la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre. Los residentes pidieron presencia, acción y apoyo. Señalaron que sienten haber sido invisibilizados y abandonados en un proceso que afecta no solo a personas mayores, sino a comerciantes y familias completas que necesitan una respuesta urgente.

Tras casi seis años de litigios, gestiones inconclusas y promesas sin resultados, la comunidad mantiene viva la esperanza de que este llamado urgente despierte la atención del país y de las agencias pertinentes. “Solo pedimos justicia”, reiteraron, con la voz quebrantada pero firme.

Mientras tanto, siguen esperando con fe, cansancio y dignidad, que finalmente alguien atienda su reclamo y les devuelva lo que cualquier ciudadano merece: un hogar seguro, transparencia y respeto.