Radican querella de Ética contra superintendente de corrección por presuntamente usar a un empleado para arreglar vehículo de su madre
Por Yasinia Rodríguez Sepúlveda / El Sol de PR
Ponce, PR (21 de noviembre de 2025) – La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) radicó el pasado 6 de noviembre una querella contra Edward García Soto, superintendente de la institución correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de Ponce, por alegadamente utilizar recursos públicos y a un empleado bajo su mando para atender un asunto de carácter personal relacionado con su madre.
Según detalla la querella, el 1 de agosto de 2024 García Soto acordó encontrarse con el oficial correccional José Cappas Santiago para solicitarle que revisara un vehículo Nissan Rogue color vino, propiedad de su madre. La intención era que el oficial, quien contaba con estudios y experiencia en reparación de sistemas de refrigeración, trabajara con el aire acondicionado del automóvil.
Ese día, Cappas Santiago laboraba en su turno de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Luego de marcar su entrada, se reunió con García Soto frente a la institución penal, donde el superintendente le entregó las llaves del vehículo. Tras esto, el oficial se retiró hacia su residencia para comenzar la reparación durante horas en las que debía estar cumpliendo funciones oficiales.
Mientras realizaba la reparación, el oficial se comunicó con el superintendente para informarle que no podría regresar a culminar su jornada, pues el trabajo tomaría más tiempo del previsto. La querella establece que García Soto lo autorizó a continuar con la reparación y le aseguró que luego se le añadiría el ponche de salida para que no perdiera horas trabajadas.
El documento señala que el 6 de agosto de 2024, y con el conocimiento y anuencia del superintendente, Cappas Santiago solicitó un ajuste de tiempo para que se le registrara la salida de las 4:00 p.m. del 1 de agosto, a pesar de no haber estado trabajando en sus funciones oficiales durante parte del turno.
Como resultado de ese ajuste, Cappas Santiago recibió el pago completo de su jornada a razón de 16.56 dólares por hora, aun cuando se encontraba reparando el vehículo de la madre del superintendente. Ética alega que García Soto utilizó el empleado bajo su supervisión y autorizó un uso indebido de horas laborables para obtener un “beneficio personal a favor de su madre”, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 4.2(b) de la Ley 1-2012.
La querella ahora continúa su curso formal ante la Oficina de Ética, que evaluará la evidencia y determinará las sanciones administrativas que correspondan.
