Puerto Rico se acentúa como plataforma militar de EU : Divididas las opiniones sobre el impacto en la población
Por Agustín Muñoz / El Sol de Puerto Rico
Ponce, PR (15 de enero de 2026) – Para las generaciones recientes, posiblemente la militarización activa de la isla culminó con el cese de los ejercicios navales en Vieques y la base Roosevelt Roads de Ceiba. Sin embargo, no fue así ya que tres instalaciones militares, el Fuerte Buchanan del Ejército norteamericano, la Base Ramey de Aguadilla y la Base Aérea Muñiz de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico (PRANG) no cesaron sus movimientos. Igualmente, el Campamento Santiago de Salinas.
Tras el cierre de la base de Roosevelt Roads en 2004, Puerto Rico ha experimentado una reactivación de su papel estratégico militar en la región. La reapertura de esta base responde a los esfuerzos del gobierno estadounidense, específicamente bajo la administración del presidente Donald Trump, en el contexto de la situación en Venezuela y en el marco de sus operaciones en la región del Caribe.
Esa reactivación de la base en Ceiba está impulsando la economía local, generando beneficios inmediatos para negocios de comida y servicios, reviviendo el empleo civil y la actividad comercial que se perdió tras su cierre en 2004. Las expectativas son de un desarrollo mayor a través de proyectos militares y civiles.
Entre los entusiasmados ante el nuevo escenario figura el alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez (PNP), quien expresó que su municipio detuvo su desarrollo económico cuando cesó la operación de la base. Ahora, dijo, Ceiba y la zona sureste aledaña se beneficiará con la actividad militar allí.
En el mismo litoral sur de la isla, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (AP) y la Marina de Guerra de Estados Unidos han formalizado un acuerdo, con el pago de casi $20 mil hasta el próximo mayo, para el uso de las instalaciones del Aeropuerto Mercedita de Ponce con fines militares. Esta colaboración refuerza la presencia militar en la isla, consolidando su importancia como punto estratégico lo que está provocando un nuevo debate sobre el impacto de la militarización en la isla. La gobernadora del Estado Libre Asociado (ELA), Jennifer González, promotora de la estadidad, ha expresado su defensa de las maniobras militares amparándose en que es una forma de fortalecer la alianza con el gobierno de Trump y la defensa de la región.
Tras el convenio con la milicia, la alcaldesa ponceña Marlese Sifre se zafó de tal responsabilidad al decir que “las decisiones relacionadas con estos movimientos no corresponden al Municipio, sino al Estado a través de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, entidad que administra la instalación aeroportuaria”.
Reacciones diversas en pro y contra
La reciente actividad de las tropas en Puerto Rico ha generado diversas reacciones entre la población. Para muchos, especialmente aquellos que apoyan el anexionismo, estos movimientos han sido motivo de satisfacción, pues manifiestan, a través de distintos medios, su respaldo a la presencia militar bajo el argumento de que representa un beneficio económico y de seguridad para la isla.
Este grupo sostiene que la permanencia y posible expansión de instalaciones militares, así como la colaboración con entidades como la Marina de Guerra, contribuyen al desarrollo económico de las comunidades locales. Ven en la llegada de recursos y empleos asociados a la actividad militar una oportunidad para estimular la economía y mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, esta visión contrasta con el debate más amplio que se desarrolla en la isla sobre el impacto social y ambiental de la militarización y el papel estratégico de Puerto Rico en el Caribe. Los críticos, mayormente vinculados a la lucha por la independencia del país, afirman que la presencia militar acentúa el estatus colonial de Puerto Rico y lo convierte en un potencial objetivo en contiendas externas, como lo ocurrido con Venezuela.
Sin embargo, no se escapa de la atención la posible repetición de problemas ambientales y de salud, similares a los de la isla de Vieques, donde hubo ejercicios militares con municiones reales durante 60 años, generando daños que aún están lejos de repararse, dicen entendidos.
Aquellas maniobras causaron contaminación, cáncer entre los residentes y daños económicos a la municipalidad. También muchos residentes fueron expropiados de sus pertenencias forzosamente y relocalizados en condiciones precarias, afectando su cultura e identidad. Esa devastación motivó un movimiento cívico y de desobediencia civil pacífica que provocó la salida de la Marina en 2003.
