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San Juan, PR / 16 de julio de 2021 – Portavoces de Proyecto Dignidad de ambos cuerpos legislativos presentaron un paquete de medidas que buscan combatir los delitos sexuales en la isla.
En conferencia de prensa, la senadora Joanne Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos Muñiz destacaron que, según datos suministrados por la Oficina de Estadísticas y la Unidad de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Negociado de la Policía, en los primeros cinco meses de este año se han reportado 328 delitos sexuales, entre estos violación, violación técnica incesto, sodomía y actos lascivos.
“Ante la magnitud del problema de abuso sexual que enfrentamos como País, nosotras, como portavoces de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes y el Senado, respectivamente, le presentamos al país una primera ofensiva legislativa compuesta de 6 medidas dirigidas a la prevención, el manejo y la erradicación de esta abominable conducta y delito”, indicó la representante Burgos Muñiz.
Mientras, la senadora Rodríguez Veve comentó que “nuestras propuestas se nutren del insumo recibido por distintas agencias de gobierno y entidades privadas que trabajan directamente con el tema de delitos sexuales y con las cuales nos hemos reunido para desarrollar propuestas que respondan a las necesidades concretas y que nos permitan dar pasos afirmativos en el esfuerzo por combatir el abuso sexual”.
Con una de las medidas se atiende el problema del abuso sexual a través de una campaña de prevención que deberá realizar la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) en colaboración con el Negociado de la Policía de Puerto Rico.
La campaña de prevención sobre el abuso sexual deberá alcanzar todos los medios de comunicación e incluirá temas tales como, las implicaciones de cometer una agresión sexual, así como las ayudas gubernamentales pertinentes para las víctimas sobrevivientes de esta lamentable acción.
Otra de las medidas expone que, en muchas ocasiones, el primer contacto de las víctimas de delitos sexuales se produce en salas de emergencias y otros centros de servicios de salud primarios.
Esto requiere que los médicos que prestan servicios de emergencia estén debidamente adiestrados y actualizados en temas de abuso sexual.
Por tales razones, a través de la resolución se ordena que los médicos que trabajen en sala de emergencia, de hospital o nivel primario, tomen cursos de educación continua, para que cuenten con el conocimiento necesario para identificar, referir y atender estos casos.
Igualmente, una de las piezas legislativas eastablece que junto a los médicos, los profesionales de la enfermería son responsables de brindar las primeras atenciones a las víctimas de abuso sexual.
Por tanto, su conocimiento y educación actualizada redundaría en una gran aportación en el proceso de identificar, atender y referir los casos de abuso sexual.
Esta resolución tiene el propósito de exigir a estos profesionales de la salud educación continua que les permita estar capacitados en el procesamiento y atención adecuada de los casos de abuso sexual.
Asimismo, en otro proyecto se señala que es al Negociado de la Policía al que le corresponde la investigación y procesamiento de las querellas de abuso sexual. Por tanto, los agentes de dicho cuerpo deberán tener la educación y entrenamientos adecuados y actualizados para identificar, investigar y procesar eficientemente estos casos.
Con esto en mente, la medida dispone que se incluyan cursos de abuso sexual en el Programa Académico de Cadetes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, así como cursos de educación continua para todos los Agentes del Negociado.
A su vez, las legisladoras indicaron que la protección de nuestros niños contra el abuso sexual no puede quedar fuera de esta iniciativa.
“Los ataques sexuales contra los niños producen serias consecuencias que destruyen nuestras familias y nuestra sociedad. Mediante este proyecto de ley, se tipificaría como delito la demora u omisión de un proveedor de servicios de salud, en reportar la posible comisión de una agresión sexual cuando ha tenido ante sí a una menor de 14 años o menos que ha quedado embarazada. La medida responde a que el acto sexual con personas de catorce (14) años o menos, de por sí, está tipificado como delito en nuestro Código Penal”, afirmaron.
La última medida define que requerirá el consentimiento de al menos uno de los padres con patria potestad o el custodio legal para que una menor de 18 años se pueda practicar un aborto.
En la actualidad, una menor podría ser coacionada por el agresor u otras personas que se interesan encubrir mediante un aborto actos constitutivos de agresión sexual.
“La intervención de los padres en estos procedimientos podría evitar los abortos no deseados y aumentaría la posibilidad de que el responsable de cometer una agresión sexual no quede impune”, sostuvieron las legisladoras.
