De Inter News Service
San Juan, PR/23 abril 2021- Para el año 2022 habrá que cerrar el 67% de los 29 vertederos que están en operación en la Isla, 11 de los cuales se consideran que están cumpliendo con la ley que los reglamenta, que exige control ambiental.
Además, solamente nueve de ellos tienen capacidad de expansión, mediante la construcción de celdas nuevas.
Así se dio a conocer durante una audiencia pública de la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización de la Cámara de Representantes, presidirá por el representante Juan José Santiago Nieves, que evalúa la resolución de la Cámara 6, presentada por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), a los fines de atender la situación del manejo de los desperdicios sólidos y su impacto en las finanzas municipales, así como las posibles alternativas para atender estas situaciones.
La medida señala que tanto la Ley de Municipios Autónomos de 1991 y su sucesora, el Código Municipal de 2020, reconocen la importancia de los gobiernos municipales en la implementación de la política pública.
“Ha sido un rudo golpe a los municipios la eliminación de 375 millones en subsidios por parte del gobierno estatal durante el pasado cuatrienio, y la intención de la Junta de Control Fiscal en incrementar los recortes”, aseguró Santiago Nieves.
Se estima que en Puerto Rico se producen cerca de 10,000 toneladas de desperdicios sólidos al día, lo que representa más de cinco libras diarias de basura por individuo.
Desafortunadamente las iniciativas dirigidas al reciclaje se han quedado muy cortas y crean un enorme problema en la disposición de desperdicios.
Según estimados de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA), el 75% de esas 10,000 toneladas diarias pueden recuperarse, pero actualmente no se llega ni al 1%.
“Ahí hay una pérdida de 500 millones”, afirmó el legislador.
El alcalde de Juncos, Alfredo Alejandro Carrión, señaló en la audiencia pública de ayer que el gobierno central ha fracasado en el manejo de la situación y presentó como ejemplo la Planta de Composta de Toa Baja, donde se invirtió cerca de 18 millones y nunca llegó a operar, así como las llamadas estaciones de transbordo, junto con el equipo para operar.
“Para el 2008, la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS, ahora integrada al DRNA) aprobó un plan de proyectos de infraestructura que conllevaba, entre otras cosas, la construcción de dos plantas ‘waste to energy, lo que no se logró. Eso nos lleva a la realidad de hoy, donde la inmensa cantidad de escombros y basura generada por el paso de los huracanes Irma y María resultaron en la reducción de vida útil de los vertederos en unos tres años. Alejandro Carrión propuso la autorización de expansión de los Sistemas de Relleno Sanitario para que puedan cumplir con las disposiciones estatales y federales, lo que permitiría planificar el manejo de los desperdicios sólidos”.
El veterano alcalde señaló que para el 2022 habrá que cerrar el 67% de los 29 vertederos que están en operación.
Alejandro Carrión también propuso identificar fondos relacionados al manejo ambiental para asistir a los Municipios en dichas labores y realizar las expansiones laterales, así como incentivar la creación de empresas de reciclaje.
Con relación al aspecto financiero, el alcalde de Juncos solicitó que el gobierno central devuelva el Fondo de Equiparación despojado en el cuatrienio pasado, ya que con esos fondos los municipios atendían los costos del manejo de desperdicios sólidos.
Por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el secretario Rafael Machargo, destacó que en la actualidad existen en Puerto Rico 29 Sistemas de Relleno Sanitario, 11 de los cuales se consideran que están cumpliendo con la Ley que los reglamenta, que exige control ambiental.
Solamente nueve de ellos tienen capacidad de expansión, mediante la construcción de celdas nuevas. Estas son las instalaciones de Cabo Rojo, Carolina, Fajardo, Humacao, Juncos, Lajas, Peñuelas Ecosystem, Peñuelas Landfill y Yauco.
De todas estas instalaciones, la que mayor capacidad tiene de vida útil (según establecido en el 2018), son Carolina con 23 años y Fajardo y Hormigueros con seis años cada uno.
Los vertederos que no están en cumplimiento ambiental y son considerados vertederos abiertos, ya 11 tienen orden de cierre por parte de la EPA: Arecibo, Arroyo, Cayey, Florida, Isabela, Lajas, Moca, Toa Alta, Toa Baja y Vega Baja.
Machargo mencionó en su ponencia que su agencia desarrolló nueva reglamentación para el manejo y uso comercial de los residuos de combustión de carbón producto de la generación de electricidad, así como de los sistemas de relleno sanitario.
De igual manera, se aprobaron nuevas áreas de disposición (celdas) en los siguientes sistemas de relleno sanitario, todos hasta 2025: Toa Baja, Vega Baja, Fajardo y Yauco.
