ONG sugiere reducir fondos estatales a los municipios Convertir las alcaldías en centros de respuesta a emergencias
Por Agustín Muñoz / Periódico el Sol de Puerto Rico
A juzgar por el análisis de una organización privada, a los municipios se les debe reducir la ayuda financiera que reciben del gobierno central al rebatir el argumento de que los gobiernos municipales son los que brindan los servicios esenciales a la ciudadanía. En su lugar, propone que se fortalezcan las estructuras municipales de respuesta a emergencias.
Subraya la importancia del municipio en la respuesta ante un desastre natural versus la lentitud con que se moviliza el gobierno central en esas circunstancias. “Si ese es el valor mayor que añade, por qué no se reduce la estructura municipal a una estructura enfocada en responder a emergencias?”, argumentó Arnaldo Cruz, portavoz de la organización ABRE Puerto Rico (ABREPR), una entidad sin fines de lucro que anualmente prepara ‘El Índice de Salud Fiscal de los Municipios’.
Al año, sostiene ABREPR, los 78 municipios gastan más de $2.3 billones del fondo general, más de lo que destina el gobierno central en las escuelas públicas o en la tarjeta de salud para todo Puerto Rico. “Excluyendo a San Juan y algunos municipios que administran un hospital grande, alguna escuela o tienen una policía municipal grande como Guaynabo y Carolina, gran parte del gasto municipal va al programa de obras públicas o recogido de basura, al mantenimiento de facilidades y gastos administrativos del municipio”. Agrega que “aunque hay municipios pequeños que administran un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), parte de la operación es financiada por el Departamento de Salud, que subvenciona a 36 CDT’s en toda la Isla a un costo anual de casi $16 millones. La gran mayoría de estas subvenciones se han aplicado por más de quince (15) años, sin una evaluación de la efectividad o de la necesidad del servicio”.
No comparte que los recortes del gobierno central afectarían las operaciones de estos CDT’s y, consecuentemente, la salud de los residentes de áreas rurales y pobres de Puerto Rico ya que muchos de estos dispensarios están cerca de los llamados ‘Centros 330’, que son regulados y financiados por el gobierno federal y no reciben asignaciones presupuestarias estatales. Estos últimos están disponibles para todos los residentes en áreas de alta pobreza, independientemente de su seguro médico y brindan atención gratuita o a bajo costo. Actualmente hay 95 clínicas en 67 municipios de la Isla sirviéndoles a más de 400,000 residentes de Puerto Rico cada año.
“Con esto no decimos que los municipios no hacen cosas importantes, en ocasiones proveen servicios directos a la ciudadanía o complementan servicios del gobierno central. De igual forma, en los recientes desastres naturales han demostrado el valor que tienen en la respuesta. No obstante, los servicios esenciales en Puerto Rico (para bien o para mal) los brinda el gobierno central y, con pocas excepciones, gran parte del gasto municipal va a la administración del municipio, el mantenimiento de carreteras y edificios municipales y al recogido de basura”, expone ABREPR.
Sugiere que una reflexión que deben hacer los ciudadanos y los funcionarios electos es si parte de los $2 billones en gastos municipales (equivalente al 25% del presupuesto central) deberían ser destinados a otros propósitos, como la tarjeta de salud, la Universidad de Puerto Rico o las escuelas públicas de la Isla. De igual forma, insiste que, si el argumento es que la estructura de 78 municipios agiliza la respuesta en un desastre natural, “¿pudiera remplazarse todo el andamiaje con un emergency manager a nivel municipal? Ciertamente costaría mucho menos que los más de $2 billones que cuesta operar los 78 municipios”.
Tal proposición contrasta marcadamente con la súplica constante de los alcaldes para que se detengan los recortes de fondos estatales. Alegan que si eso continúa provocará el despide de cientos de empleados en las alcaldías.
La evaluación del grupo privado recoge que el impacto de la estructura de 78 municipios va más allá de sus ingresos y gastos. Dice que gran parte del costo de este andamiaje recae en el gobierno central, al inflar el costo de sus servicios regionales. Y, como ejemplo menciona el programa Ayuda Económica a Médico indigentes que se encarga de declarar elegible a los ciudadanos que buscan cobertura bajo el Plan de Salud del Gobierno, programa financiado en buena parte por el programa federal de Medicaid.
El Gobierno de Puerto Rico invierte una cantidad significativa de estos fondos en administración. Para el año fiscal 2016 se invirtieron un total de $24.2 millones del programa en mantener oficinas a través de toda la isla. En ese momento en que ABREPR hizo el análisis había un total de 82 oficinas de Medicaid en todo Puerto Rico, mientras que en Florida con una población de casi 19 millones de personas había solo 13 oficinas.
Otro ejemplo de excesos programáticos son las cárceles en Puerto Rico. La población de confinados ha disminuido significativamente del 2004 al presente, sin embargo, el Departamento Corrección continúa con más de 30 cárceles en la isla. Un análisis hecho por la entidad en el 2016 encontró un total de 2,300 camas disponibles en cárceles a través de toda la isla, lo que representaba un 20% de camas en el sistema en ese momento, cuando típicamente se recomienda un máximo de 5% de disponibilidad.
