Periodico El Sol De Puerto Rico
Si pasa el cedazo de los votantes, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) tiene entre
sus encomiendas la regionalización y descentralización del gobierno o lo que
denominan como “gobierno paritario”.
El compromiso plasmado en su plan de gobierno es otro intento más pues los partidos gobernantes también han promovido esa intención, pero sin resultados visibles.
La movida más reciente en esa dirección la hizo la presente administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) mediante la Resolución del Senado Número 6, de la autoría de la senadora Zoé Laboy, entonces al frente de la Comisión de Revitalización Social y Económica. Ese proceso se unió a otros previos durante los pasados nueve años que provocaron cuatro (4) informes acerca de investigaciones realizadas sobre este asunto.
La Ley 81 del 1991 propuso el impulso de la descentralización del gobierno. Sin
embargo, la puesta en práctica de la descentralización ha encontrado resistencia. En
2017, el Senado reconoció que “pocos municipios han alcanzado el nivel más alto para trabajar independientemente del gobierno central, en algunas funciones delegadas; particularmente, las relacionadas con la otorgación de permisos”
El informe rendido por la comisión de Laboy dice que “dado el papel que han
desempeñado los municipios, en los últimos veinticinco años, el cambio gradual
demanda una redefinición de las políticas públicas municipales”. “Esto implica que se
debe proceder con la descentralización y la creación de alianzas municipales como
instrumentos de progreso en el funcionamiento del gobierno. No se debe postergar las acciones necesarias para adelantar este principio. Para lograr este objetivo existe una cantidad significativa de estudios que proveen sus recomendaciones para encaminar el proceso”, señala.
Esa iniciativa senatorial contó con el respaldo de la Federación de Alcaldes del PNP.
La propuesta del MVC apunta hacia una regionalización basada en distritos
senatoriales y descentralización de ámbitos de gestión hacia éstos y los municipios.
Busca lograr mayor eficacia y transparencia en servicios brindados por vía digital; transferir recursos del nivel central al local, según necesidades y planes locales
formales.
Así mismo, apuntalar el desarrollo económico local, reducir el éxodo poblacional,
asegurar la participación ciudadana en todos los niveles de toma de decisiones e
instaurar sistemas estadísticos para el monitoreo de gastos y evaluación de resultados.
En 2009, el catedrático Saúl J. Pratts Ponce de León publicó un estudio en la Revista
de Administración Pública de la UPR sobre “La Descentralización ante la ineficiencia
del gobierno”. Destacó que por décadas, la ineficiencia del gobierno ha sido uno de los asuntos recurrentes en el debate público.
Recordó que para el 1976, un estudio de la Oficina de Oportunidad Económica planteó
la necesidad de buscar nuevas formas de organización que posibiliten una acción
gubernamental más rápida y efectiva. La recomendación surgió ante “la complejidad de la estructura administrativa y programática que surgió, el embotellamiento de los
procesos burocráticos, su consecuente dilación en la prestación de los servicios y la
enajenación del ciudadano promedio con respecto al sistema burocratizado y
centralizado” en la isla.
Pratts Ponce de León concordó que “tenemos años de atrasos en la forma de organizar el gobierno y que la cultura política centrada en el caudillismo y el partidismo ha resistido la posibilidad de realizar los cambios necesarios”.
A su juicio, el problema de la ineficiencia está atado a la incapacidad del gobierno de
producir la política pública y decisiones acorde con las expectativas y necesidades de
la sociedad, así como una inflexible prestación de servicios. A eso se agrega el
aumento de los gastos sin mejorar el nivel de desempeño y calidad y la falta de agilidad para introducir cambios tecnológicos lo que desalienta la participación ciudadana y de los empleados.
