Miembros de las fuerzas del orden, pero apartados de su deber: Sobre 700 policías bajo investigaciones administrativas
Por Agustín Muñoz/ El Sol de Puerto Rico
Cuando una persona ingresa al cuerpo de la Policía de Puerto Rico (PPR) se le adiestra basado en los objetivos principales que persigue ser integrante de las fuerzas del orden en el país. Se les hace hincapié en el servicio a la ciudadanía, la prevención de la comisión de delitos y el esclarecimiento de casos.
Sin embargo, con el paso de los años muchos de esos “agentes del orden” se apartan de ese compromiso y son descubiertos en contraposición al juramento que hicieron en el momento de su ingreso. La PPR define el servicio a la ciudadanía como responder con prontitud las llamadas de los ciudadanos, orientar al ciudadano velar por su seguridad cuando acuda a un cuartel, además de promover e intensificar la participación de la comunidad en la
prevención de delitos, entre otros. Asimismo, para prevenir la comisión de delitos propone trabajar con planes de patrullaje preventivo sectorizado y atender con prontitud las querellas de los ciudadanos. En cuanto al esclarecimiento de casos se compromete a atender los mismos con celeridad para ser radicados en los tribunales en coordinación con el Departamento de Justicia y el Instituto de Ciencias Forenses.
Son muchos los ciudadanos que denuncian el uso de fuerza excesiva por parte de algunos policías ya sea por contacto físico o uso de armas de fuego en sus intervenciones. Ese exceso contradice las directrices aprendidas en las academias que van desde la razonabilidad, necesidad con el fin de proteger vidas o mantener el orden público o proporcional a la resistencia o amenaza presentada por la persona intervenida. Se recalca que el uso de la fuerza letal solo se justifica en situaciones donde hay una amenaza inminente a la vida o integridad física propia o de otros.
No obstante, se ha descubierto que las formas más frecuentes de apartarse de los principios antes descritos son la aceptación de sobornos, el hurto y el robo con allanamiento de morada, extorsión y la corrupción interna.
Datos de la propia PPR apuntan que de enero a mayo de este año unos 797 agentes están bajo investigación interna por querellas en su contra. De esa suma, unos 370 agentes fueron denunciados por conducta impropia a nivel de todas las áreas policiales del país o el 46.4 por ciento de las querellas administrativas presentadas y bajo atención. El 30.4 por ciento corresponden a negligencia en el cumplimiento del deber; el 12.5 por ciento por desacato y desobedecer órdenes; el 7.1 por ciento por violencia doméstica y el 3.6 por ciento por hostigamiento. Esa data muestra que el 33.9 por ciento de las querellas contra los agentes fueron sometidas por medio de correo electrónico, el 28.6 por ciento a través de dispositivos electrónicos, el 19.6 por ciento en persona, el 16.1 por ciento por correo interno dentro de la propia Policía. De esas denuncias, el 57.1 por ciento fueron radicadas por ciudadanos privados, el 32.1 por ciento por miembros de la fuerza policial y el 10.7 por ciento por la administración de la agencia.
Dentro de la estadística oficial, el área de Ponce figura con 56 querellas administrativas contra sus agentes después de Caguas (85); Mayagüez (70); Arecibo (69); Humacao (68); Carolina (66); Aguadilla (62) y Bayamón (58). A Ponce le siguen las áreas de Fajardo (45); Aibonito (43); Guayama (39) y Utuado (38).
