La zaga de la Parguera, acomodo razonable

Por: Agustín Muñoz/ Periódico El Sol de Puerto Rico

Lajas,31 de enero de 2025-Tal y como trascendió, el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, ha propuesto legislación para redelinear la zona marítimo terrestre o cambiar el Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos bajo éstas y la Zona Marítimo-Terrestre, según enmendada.

De acuerdo con Méndez, se procura “atemperar y esclarecer una definición de la zonanmarítimo terrestre que no menoscabe los derechos de titularidad que son constitucionalmente protegidos”

Sin embargo, la iniciativa del legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) ha encontrado reparos de líderes de oposición, ambientalistas e incluso algunos militantes del PNP como el exlegislador Leo Díaz Urbina. Todos afirman que la medida es un encargo de la gobernadora Jennifer González Colón para favorecer a sus suegros
quienes poseen un lugar en la zona marítimo-terrestre de la reserva natural La Parguera de Lajas en violación a la ley.

Además, el archivo primero y luego una rectificación del nuevo secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, al caso llevado por esa agencia contra los suegros de la gobernante. La disposición para el cobro de derechos para el uso de propiedades de dominio público en La Parguera fue avalada inmediatamente justo a horas de Quiles asumir el cargo.

Quiles, posteriormente fue interpelado en el Senado y supuestamente corrigió el texto del controversial documento.
En el caso de Díaz Urbina, éste arremetió fieramente contra González Colón al decir “que su gobierno ha encubierto un caso de corrupción”. “Si ese el gobierno que debemos esperar en cuatro años, yo no quiero pensar en esa realidad”, dijo Díaz Urbina públicamente.

En tanto, el alcalde de Lajas, Jayson Martínez, favorece las posturas de González Colón, el representante Méndez y el secretario designado Quiles. Mientras el senador y ambientalista, Eliezer Molina, quien hizo la denuncia inicial contra los suegros de la gobernadora, ha prometido dar la batalla en defensa de la propiedad pública y presentó una querella ante los organismos federales concernientes por lo que llamó “crímenes ambientales” en la reserva natural.

Cuando se redactó el reglamento mencionado y se hizo público en 1992, se señaló que “uno de los problemas identificados en el Programa de Manejo (del DRNA) es el de los “precaristas” que ocupan propiedad pública. Se define precarista como la “persona que ocupa el dominio público a título de precario, es decir, pudiendo la Administración recuperar el bien en cualquier momento y sin indemnización”.

Se observó, entonces que, desde el punto de vista de recursos económicos, los precaristas se componen de personas de escasos recursos y carentes de viviendas y de personas acomodadas para quienes su ocupación de bienes de dominio público les permite disfrutar de viviendas de veraneo o vacacionales.

Desde 1978 al presente, el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico y agencias federales han suscrito diferentes documentos dirigidos a proteger y conservar los recursos naturales de la isla, en particular “el ambiente natural del sector La Parguera en el Municipio de Lajas”.

En 1978, el gobierno de Puerto Rico y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica {COE en inglés), suscribieron el; “La Parguera Recreational Arca Memorándum of Understanding”; (HOU). A través de ese acuerdo, “el ELA se comprometi6 a remover toda estructura abandonada, insegura o peligrosa de las aguas y manglares de La Parguera” y, dentro de 12 años desde la firma de este, “eliminar toda tenencia privada de propiedad en la ribera”.

En 1984, el gobierno, por medio de la Administración de Reglamentos. y Permisos (ARPE) y el DRNA firmaron un acuerdo que reconoció;”el problema que representa la proliferación de estructure”; y obras ilegales en el litoral costero de Puerto Rico.

Años después de la aprobación del Programa de Manejo del DRNA, y de múltiples convenios por agencias del gobierno local y el federal, las aguas territoriales, los terrenos sumergidos y la zona marítimo-terrestre continúan caracterizándose por “proliferación de usos antag6nicos y conflictivos”.