La corrupción: de la putrefacción al deterioro de valores
Periódico El Sol de Puerto Rico / Por Agustín Muñoz
Ponce,11 de octubre de 2024-Antes de la década de 1970, en Puerto Rico la palabra corrupción, entre los pobladores, se refería mayormente a la putrefacción o descomposición producto de la muerte de personas o animales. Poco o nada se hablaba, entonces, del deterioro de los valores entre los funcionarios públicos y del involucramiento ilegal de sectores del ámbito privado en su interacción con ellos.
Con el transcurrir de los años, el tema de la corrupción gubernamental (incluido el sector privado) es uno constante en el debate público y del encausamiento de personas con un alto perfil de liderato en la isla. A mediados de la década de 1970, el hoy fenecido Ramón Rivera Marrero, entonces director de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), evaluó que los actos de corrupción golpeaban el 10 por ciento del presupuesto gubernamental de la isla y lo
ajustó aquella vez en unos $600 millones al año.
Sin embargo, esa cifra se ha acrecentado según ha ido engordando el presupuesto funcional del gobierno. Un estudio reciente encomendado por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) destacó que al 2023 “el deterioro de la capacidad dePuerto Rico para controlar la corrupción a partir de la década del 2000 le ha costado a la economía puertorriqueña alrededor de $7.4 mil millones”.
Para la OCPR, la modalidad de corrupción más conocida en Puerto Rico es la que se da a través de sobornos entre una empresa privada y un funcionario público, y donde usualmente median otorgamientos de contratos.
Empero, la corrupción no solamente se da en el proceso de contratación de servicios. Esa agencia destaca que, aunque la corrupción tiende a asociarse con transacciones de dinero, “las transacciones monetarias son solo una expresión de ciertos actos de corrupción donde está de por medio el uso de propiedad pública y fondos del gobierno”.
“La corrupción pública en su forma más amplia se refiere a acciones de fraude, abuso, desperdicio o incumplimiento que resultan en el mal uso de los recursos del gobierno y que socavan la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas”, subraya.
Dice que en el desempeño de los miles de trabajadores en las agencias del gobierno
pueden darse actos de corrupción. No obstante, y sin lugar a duda, la corrupción política es la que más se expone a través de los medios informativos. “En este tipo de corrupción, el Estado (Gobierno) es capturado por funcionarios de alto nivel. Las leyes, reglamentaciones y la política pública se determinan a base de influencias indebidas, pagos o regalías”, puntualiza la OCPR.
Aunque en la década de 1990 hubo sonados casos de esa índole, como ocurrió con las “ejecutorias” del convicto secretario de Educación, Víctor Fajardo que involucró a otros funcionarios públicos de su agencia y del gobierno de Pedro Rosselló González, las sanciones que fueron impuestas a través del sistema de justicia no lograron ser un
disuasivo para otros que vinieron después. Muchos de los involucrados no fueron ajusticiados, gracias a tecnicismos del sistema de justicia federal. Quedaron en libertad.
Un caso similar ocurrió con la también exsecretaria de Educación, Julia Keleher, quien se declaró culpable de dos cargos en su contra en 2022. En el presente cuatrienio, casi por terminar, la lista de encausados por corrupción o
implicados en actos de corrupción incluyen a alcaldes, legisladores y hasta una exgobernadora. El caso que enfrenta la exgobernante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Wanda Vázquez, data de 2019 cuando supuestamente fue involucrada en actos de soborno con otras personas. El juicio fue retrasado para agosto de 2025.
Entre los exrepresentantes procesados figuran María Milagros Charbonier, Nelson del Valle y Néstor Alonso (del PNP); y Abel Nazario, exsenador y exalcalde de Yauco (PNP). Los alcaldes acusados y hallados culpables por corrupción son Félix Delgado (PNP Cataño), Ángel Pérez (PNP Guaynabo), Javier García (PNP Aguas Buenas), Luis Arroyo Chiqués (PPD Rincón), Eduardo Cintrón (PPD Guayama), Reinaldo Vargas Rodríguez (PNP Humacao) y José Luis Cruz (PPD Trujillo Alto).
Muchos de esos fueron condenados por el delito de soborno y extorsión por compañías de empresarios como Oscar Santamaría, Raymond Rodríguez, Mario Villegas y José Bou Santiago, entre otros. El Departamento de Justicia busca recuperar alrededor de $30 millones que le fueron defraudados al fisco por los mencionados y por otros individuos relacionados con los acusados.
