La coherencia trastocada 

[COLUMNA DE OPINIÓN]

Por: Lcdo. José Luis Galarza

Coherencia, según el diccionario de la Real Academia Española, es la conexión, relación o unión de unas cosas con otras. También significa actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. Podríamos decir que en el escenario de la política, de hacer gobierno, la coherencia se da entre lo que se profesa, lo que se plantea como alternativa o discurso político y las acciones que se toman para darle forma, vigencia y realidad transformadora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Al menos esa debería ser la función de los líderes en nuestro sistema democrático de gobierno, llevar a la acción transformadora las políticas o normas que profesan como las adecuadas para alcanzar el bienestar general. Así que el bien común requiere ese maridaje de discurso y acción. Claro está, también se dan escenarios anómalos en los que la coherencia, lejos de tener como norte el bien común, se plantea como meta la prevaricación, subvirtiendo la función pública y faltando a la responsabilidad representativa recibida en las urnas. En lo que va de semana, hemos recibido tres instancias de prueba inexpugnable de que la coherencia de esta administración está divorciada del bienestar general de los puertorriqueños.

La primera instancia llegó desde el Senado federal por voz del Congresista Grassly, a cargo del comité de finanzas en una carta a la Gobernadora, Wanda Vázquez. El senador hace menciones específicas de carencias de transparencia al atender las emergencias de los huracanes Irma y María, de los terremotos del enero de este año, así como los terribles señalamientos de contrataciones y compras en el Departamento de Salud en medio de la pandemia que nos mantiene en toque de queda. Y va más lejos al establecer que todo tiende a indicar que esos procesos de compra y contrataciones gubernamentales pasa primero por un filtro de conexiones partidistas en vez de que los recursos lleguen a los puertorriqueños.

Así que más que las preguntas de Grassly, son los hechos inequívocos que esbozó los que resultan importantes. Esos hechos plantean sin duda que la coherencia de esta administración, el hilo conductor, es el favoritismo partidista a donantes de campañas. Lo que tiene peso a la hora de tomar decisiones es quienes son inversionistas políticos en sustitución del mandato constitucional y moral del bienestar común de los puertorriqueños.

La segunda instancia se da en la contratación que hizo el Departamento del Trabajo de una empresa para que diera un servicio de recibir llamadas y procesar reclamaciones de desempleo. El servicio, a pesar de haberse anunciado su inicio, no funciona. Para mantener la coherencia de la administración con los actos resumidos en la carta del congresista, este contrato para hacer una función inherente de esa agencia, se le otorgó a la empresa de un donante del PNP. El efecto de ese regalo contractual es que miles de trabajadores desplazados quedan en el limbo económico porque el hilo conductor de esta administración es atender los inversionistas partidistas y no el bienestar general.

Finalmente, y como si lo anterior fuera insuficiente, las vistas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes ventila los detalles de constructores que conocen médicos y políticos y pretendieron, con el carnet de inversionistas del partido de gobierno, cambiar de la varilla y el cemento por pruebas de detección de coronavirus.

La respuesta de la gobernadora es una orden ejecutiva ilegal e inconstitucional para dar inmunidad total a médicos y hospitales que, en su función ordinaria, lidian con el coronavirus. En la Carta de Derechos nos reservamos ante el estado la capacidad de solicitar la reparación de agravios contra el estado. La gobernadora pretender darle a los privados lo que no tiene, inmunidad total. Lejos de enfrentar su coherencia trastocada, optó por huir a otro tema. Los escándalos, la corrupción, el favoritismo político y la insensibilidad, que son el hilo conductor de esta administración, su coherencia trastocada, no se tapa con una orden ejecutiva  inconstitucional.