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San Juan, 7 de julio de 2022– A un año del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, sigue siendo un misterio quiénes fueron los autores intelectuales, directa o indirectamente, del magnicidio. El suceso, ocurrido el 7 de julio de 2021, ha salpicado hasta a las Fuerzas Armadas de Colombia y al mismo Estados Unidos.
Todo lo que se conoce del magnicidio de Moïse -ejecutado a tiros por mercenarios colombianos dentro de la residencia presidencial en Puerto Príncipe, la capital del país- es mayormente mediante filtraciones a la prensa.
El caso ha estado rodeado de irregularidades y amenazas a los jueces e investigadores, que sugieren que detrás del magnicidio hay instancias del poder haitiano que pretenden que haya impunidad en el crimen.
Ha habido renuncias de los litigantes y una cierta resistencia de los jueces a asumir el expediente, pues alegaron amenazas de muerte, razones de salud y hasta “motivos personales”, lo que evidencia que hay instancias muy poderosas detrás del crimen.
De hecho, la Justicia haitiana tardó más de un mes en nombrar al primer juez que se hizo cargo de las investigaciones, en vista de que los juristas se negaban a participar en el caso por miedo a sufrir atentados a su seguridad o la de sus familiares.
Finalmente, Mathieu Chanlatte fue el primer juez designado para el caso, pero renunció a pocos días “por razones de conveniencia personal”, al indicar que las autoridades del Ministerio de Interior encargadas de prestarle seguridad personal no respondieron a sus peticiones.
Desde entonces, el expediente ha estado a cargo de cinco jueces y ninguno de ellos ha logrado avances significativos. A Chanlatte lo sustituyó Garry Orélien, quien dimitió en enero pasado alegando motivos personales, días después de que recibiera señalamientos de presunta corrupción.
Una secuencia de nombramientos de magistrados para la investigación del caso fue seguida por la designación de Chavannes Etienne, quien en febrero desistió de continuar las investigaciones alegando falta de recursos, y la necesidad de exigir la extradición a Haití de todos los sospechosos del caso que se encuentran presos en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos.
Luego fue designado Merlan Belabre, pero nunca pudo iniciar las averiguaciones al “no disponer del expediente físico” ni “de los medios para proceder a los actos de instrucción”. Actualmente, el caso es llevado por el juez Alter Wesser Voltaire, designado a finales de mayo.
Lo poco que se sabe es que el magnicidio fue planificado mediante distintas reuniones en Colombia, Estados Unidos y República Dominicana, entre cuyos supuestos conspiradores han sido detenidas más de 40 personas, entre ellos 18 exsoldados del Ejército de Colombia -siete de ellos entrenados por el Pentágono- que actuaron como mercenarios y que confesaron su participación en el crimen.
Además, se identificaron los cuerpos de otros tres exmilitares colombianos que cayeron abatidos el día del crimen: Duberney Capador, presunto líder, Javier Mauricio Romero y Miguel Garzón.
También fueron apresados por participación en el magnicidio una decena de policías locales y dos ciudadanos estadounidense de origen haitiano. Entre ellos, James Solages y Joseph Vincent, quienes habrían participado como traductores de los mercenarios colombianos.
De Solages se dijo que fue guardia de seguridad de los empresarios Reginald Boulos, vinculado con los golpes de Estado de 1991 y 2004 en Haití, y de Dimitri Vorbe, vicepresidente de la principal compañía eléctrica del país.
En la lista de presuntos autores intelectuales están incriminados Christian Emmanuel Sanon, médico haitiano residenciado en Florida, Estados Unidos; Joseph Félix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano; y Ashkard Joseph Pierre, un empresario que reside en Canadá y que trabajaba en el área comercial del consulado haitiano.
Se estableció que Sanon, detenido en los primeros días, había estado en Haití antes del hecho y habría contactado a una empresa de seguridad privada para que perpetrara el crimen. En cuanto a Badio, habría dado la orden para que los mercenarios ejecutaran al presidente; mientras que Pierre aparece como socio empresarial de Sanon.
Son señalados en el caso, también, otros tres sujetos: Mario Antonio Palacios, exmilitar colombiano detenido en Panamá durante una escala aérea; el ciudadano haitiano nacionalizado chileno Rodolphe Jaar, capturado en República Dominicana; y el exsenador haitiano John Joel Joseph, extraditado desde Jamaica. Además, ha sido vinculado el empresario Samir Handal, detenido en Turquía en noviembre de 2021, donde aún permanece.
En el caso se menciona, además, a la exjueza destituida Windelle Coq, de quien se dijo que iba a ser juramentada como la nueva mandataria tras ejecutarse el asesinato de Moïse. De igual forma, la empresa de seguridad privada CTU Security, una compañía con sede en Doral Beach, Miami, y que es dirigida por el opositor venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera, señalada como la responsable de ejecutar el plan.
Es investigado, incluso, el actual primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien ocupa el cargo desde el 20 de julio de 2021, y recibió una orden de prohibición de salida del país por su presunta implicación en el magnicidio de Moïse, tras confirmarse que habría sostenido varias llamadas telefónicas con Badio, uno de los tres principales sospechosos del magnicidio.
Urge el nombramiento de una comisión internacional de la Organización de las Naciones Unidas o de cualquier otro organismo supranacional para la investigación de este caso, pues de las instancias policiales y judiciales haitianas -tal parece- únicamente se puede esperar impunidad y encubrimiento.
