Guías de fondos CDBG-DR crean riesgo de exclusiones
Ante la gravedad de la situación y la inacción del gobierno, Ayuda Legal Puerto Rico radicó una querella ante HUD
Unas importantes guías que publicó el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico ponen en evidencia que al menos una parte de las personas a las que el huracán María les quitó o dañó su hogar está en riesgo de sufrir exclusiones y desplazamientos por parte del gobierno. Esta situación llevó a Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) a presentar una querella ante la Oficina del Inspector General del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, por sus siglas en inglés), según informó Ariadna Michelle Godreau Aubert, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro por medio de comunicación escrita ayer 8 de julio.
“Sería una verdadera tragedia que, en lugar de finalmente facilitar la reparación de los destrozos que causó el huracán María a cientos de miles de hogares, la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el Departamento de la Vivienda agraven la situación de las personas más pobres de nuestro país a través de exclusiones, desplazamientos forzosos y del desmantelamiento de comunidades más vulnerables”, advirtió Godreau Aubert.
ALPR radicó la querella ante la Oficina del Inspector General de HUD.
ALPR advirtió en su querella que el Plan de Acción y las guías de implementación para el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación que publicó el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico el pasado 15 de junio no contemplan medidas de mitigación y adaptación a riesgos para evitar desplazamientos.
El Plan de Acción y las guías de implementación son requisitos de HUD al gobierno de Puerto Rico para poder recibir y usar fondos Community Development Block Grant (CDBG-DR, por sus siglas en inglés).
Godreau Aubert precisó que las guías de implementación carecen de parámetros claros para ofrecer asistencia aquellas personas que no tienen un título formal sobre sus viviendas. Tampoco explican las medidas que se tomarán para proteger la integridad de las comunidades afectadas por relocalizaciones.
Entendemos que, al actuar de esta manera, el Departamento de la Vivienda viola la reglamentación federal de los fondos CDBG-DR,” sentenció. “Las personas tienen derecho a vivir en condiciones seguras. Tanto la mitigación – para la que se recibieron fondos – como la adaptación pueden ser alternativas. En aquellos casos donde hay que relocalizar, ésta debe ser la última opción y debe hacerse con respeto a la comunidad.”
Según Godreau Aubert, lo que indican las guías de implementación y el Plan de Acción es que, si una persona carece de un título formal, será referida al programa de Autorización de Título. Sin embargo, a semanas de que se inicie el proceso, el Departamento de la Vivienda no ha publicado detalles de este programa.
Por su parte, la abogada comunitaria Paula Fournier del Valle indicó que la situación creada por el Departamento de la Vivienda es similar a lo que sucedió con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y que provocó que casi 70,000 personas se quedaran sin asistencia a pesar de haber sufrido enormes daños con el huracán María.
Fournier del Valle señaló que si en el proceso de relocalización hay propiedades que pasan a manos del Departamento de la Vivienda, debe existir una restricción a que estos terrenos terminen siendo desarrollados en proyectos privados.
En su querella, ALPR también denunció que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico solamente publicó en inglés las guías de implementación para el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación de CDBG-DR, lo es una violación Título VI de la Ley federal de Derechos Civiles de 1994. Luego de la presentación de la querella, el viernes, 5 de julio se publicó una traducción.
Antes de acudir a HUD, ALPR se reunió en varias ocasiones con funcionarios del Departamento de la Vivienda pero ninguno de los señalamientos fue corregido. “Es lamentable que tengamos que recurrir a mecanismos federales para exigir que el gobierno local garantice que el dinero llegará a las personas y comunidades que dos años después del desastre todavía esperan techo digno” sentenció la directora ejecutiva.
El equipo de ALPR exhortó a todo grupo y organización involucrada en la recuperación de Puerto Rico a educarse sobre los procesos de presentación de querellas ante la Oficina del Inspector General de HUD y a querellarse cuando sea necesario. Explicó que, quien desee orientarse o necesite querellarse, puede encontrar una guía sencilla en www.recuperacionjustapr.com
El trabajo de ALPR promueve el acceso a la justicia, el derecho a la vivienda y la recuperación justa de Puerto Rico. La organización define la recuperación justa como el derecho que tienen las personas y comunidades a que los planes de recuperación se hagan en atención a sus necesidades y respetando sus derechos humanos.
