Gobernador honra a policías caídos en el cumplimiento del deber
Inter News Service
San Juan, PR / 22 de febrero de 2022 – En una ceremonia en la que se reconoció la vida de seis agentes del Negociado de la Policía caídos en el cumplimiento del deber, el gobernador Pedro R. Pierluisi afirmó que continúa identificando los fondos necesarios para que los agentes tengan el equipo para cumplir con su labor, garantizar su retiro y para que cuenten con acceso a cuidado médico.
“Juntos en este día recordamos a quienes dieron sus vidas en defensa de la seguridad de nuestra ciudadanía. Lloramos su pérdida y oramos por sus familias quienes se sacrifican por Puerto Rico al prestarnos a sus seres queridos para esta labor importante”, destacó Pierluisi al honrar al teniente Juan Rivera Padua y a los sargentos Luis Marrero Díaz- Juan Rosado López-Erasmo García Torres- Edwin Valentin Cordero y José Ferrer Pabón.
El gobernador se unió al dolor que embarga a los familiares de los policías caídos en el deber pues conoce “en carne propia la pérdida de un ser querido a manos de un criminal”. “Conocemos el vacío y la pena que embarga a nuestro pueblo cuando sufrimos la muerte de uno de los nuestros. Es una pérdida irreparable. Son héroes para sus familias, son héroes para sus compañeros y son héroes para mí y para todo el pueblo de Puerto Rico”, reconoció.
Precisamente al conocer el dolor de los familiares de cerca, el gobernador recordó que, desde sus tiempos como secretario de Justicia, en la década de 1990, ha llevado una lucha férrea para combatir la violencia y el crimen en Puerto Rico.
“Como gobernador estoy aún más que comprometido con nuestra fuerza policiaca, fomentando la colaboración de nuestra policía con las agencias de ley y orden federales y estatales, asegurando que identificamos los fondos necesarios para que cada policía tenga el equipo que necesita para hacer su labor, y logrando mejorar sus pensiones y su acceso a cuidado médico. Les debemos eso y más”, declaró Pierluisi quien durante su tiempo en el Congreso logró que Puerto Rico recibiera mayores recursos de parte del gobierno federal con miras a reducir la criminalidad.
