FAAS y MAJE Alertan sobre Peligros en Nueva Política Educación Sexual y Reproductiva
San Juan, Puerto Rico/ 25 de agosto de 2025– Representantes del Frente Amplio de Acción Social (FAAS) y el Movimiento Amplio para la Justicia Educativa (MAJE) alertan al País que la Ley 89-2025, que dispone que padres, madres y personas a cargo de estudiantes objeten currículos en temas de “sexualidad y afectividad” en el Departamento de Educación, representa múltiples riesgos para las comunidades escolares y el desarrollo integral de menores y juventudes. Esta Ley fue aprobada sin vistas públicas y sin consulta a personas expertas en salud, educación sexual y reproductiva como mecanismo de prevención de conductas riesgosas, embarazos no planificados, exposición a enfermedades de transmisión sexual y violencia de género. ¨Se considera que la educación sexual y reproductiva es un asunto de salud pública fundamental para garantizar una formación integral, actualizada, responsable socialmente con buenas prácticas de salud pública. Aprobar una ley que impacta asuntos urgentes para nuestra sociedad sin la participación ciudadana es peligroso y antidemocrático¨, señaló la Dra. Alice Pérez Fernández, de FAAS.
Pérez Fernández destacó que los Departamentos de Educación, Familia y Salud no participaron del proceso legislativo. Esta omisión es alarmante, pues Educación implantará el cambio en política pública para el sistema de enseñanza, Familia atiende casos relacionados con transgresiones sexuales contra menores, y Salud maneja la atención y datos relacionados con actividades sexuales de menores. Incluso, la Ley 89-2025 carece de alineamientos con otras leyes vigentes, e incumple y conflige con la Carta de Derechos de la Niñez de Puerto Rico. ¨¿Cómo agencias de esta administración coordinarán su deber ministerial que garantice el desarrollo integral de niñeces y juventudes?¨, cuestionó Pérez Fernández.
Puerto Rico enfrenta una crisis de pobreza infantil que afecta a más de la mitad de la niñez en el archipiélago (Oficina de Presupuesto y Manejo de Estados Unidos, 2024). La educación sexual y reproductiva apropiada es fundamental para prevenir detonantes sociales que propician la precariedad y las desigualdades. “Investigaciones internacionales consistentemente promulgan que adolescentes que viven en condiciones de precariedad tienen menor acceso a una educación sexual y reproductiva adecuada. La ausencia de educación sexual integral desde el modelo público de enseñanza representa una acción desacertada que detona consecuencias de riesgos sociales y económicos para el estudiantado y el País”, mencionó el Dr. Eduardo Lugo. Por su parte la maestra Janice Soliván Roig (FAAS), también directora ejecutiva de Casa Juana Colón en Comerío que atiende a sobrevivientes de violencias por razones de género y su interseccionalidad con clase y raza, afirmó que para muchas niñeces y juventudes, las escuelas son el único espacio seguro donde pueden verbalizar lo vivido y lograr una atención adecuada del trauma o violencia que enfrentan.
Las comunidades escolares son espacios adecuados para discutir y decidir cómo integrar este contenido en el currículo de una manera adecuada al desarrollo, utilizando lenguaje apropiado y en un ambiente de intercambio de conocimiento y confianza. Escuchar y atender las preocupaciones, sugerencias y aportaciones de estudiantes, familias, docentes y personas de las comunidades es esencial ya que fomenta una educación más participativa, reduce la resistencia a los cambios curriculares y garantiza que las políticas educativas respondan a las verdaderas necesidades de las niñeces y juventudes dentro y fuera de los planteles. ¨Es desde nuestras comunidades donde enfrentamos los retos de carecer de educación sexual como mecanismo de prevención de conductas de riesgo. Esta política pública representa el abandono de menores ante estímulos para los que no están listos y listas”, reveló Lucía Santana Benítez, lideresa comunitaria del Res. Manuel A. Pérez e integrante de MAJE.
La Dra. Ángeles Acosta planteó que la educación sexual integral es una herramienta de prevención de la violencia de género, al cuestionar las normas sociales dañinas y promover el respeto mutuo en relaciones interpersonales. ¨La educación en estos temas capacita al estudiantado para tomar decisiones informadas sobre su sexualidad y sus relaciones, lo que reduce el riesgo de abuso y violencia¨, precisó Acosta, psicóloga experta en estudiantes con diversidad funcional. Además, Acosta resaltó que Educación tiene la responsabilidad de garantizar que estudiantes de educación especial, una población vulnerable debido a condiciones que podrían ponerles en mayor riesgo de agresiones sexuales.
El Departamento de Educación no ha informado a su personal cómo reglamentará los procesos de objeción a currículos de educación sexual y reproductiva de parte de padres, madres y custodios, o cuáles serán los métodos alternos de educación y evaluación para que estos estudiantes cumplan con requisitos académicos. Aunque la formación del personal docente en prácticas pedagógicas que responden a nuestra realidad social asegura la calidad educativa dentro del marco legal, ahora el magisterio enfrenta posibles sanciones y procesos legales por enseñar contenidos basados en el mejor conocimiento científico establecido en los estándares de contenido y expectativas de grado. La exclusión de voces especializadas y personas expertas debilita la capacidad de respuesta ante problemáticas sociales graves como el abuso, la desinformación y el discrimen. Desde esta perspectiva, se hace un llamado urgente a enmendar la nueva política vigente y abrir espacios de consulta genuina y democrática para adoptar políticas públicas educativas justas, inclusivas y alineadas con los principios de equidad y derechos humanos.
