Por Agustín Muñoz/El Sol de Puerto Rico
La redundancia y duplicidad en la operación de oficinas y programas en el gobierno central de Puerto Rico es evidente y aparentemente tienen a los alcaldes como denominador común, según un análisis de una entidad no gubernamental.“Cuando hablas con empleados en estas agencias o pasados funcionarios sobre el tema admiten que muchas decisiones de abrir y cerrar oficinas se basan en la presión de los alcaldes. El alcalde cabildea con su legislador de distrito y el legislador con Fortaleza y el jefe de la agencia. En la mayoría de estas circunstancias, el alcalde logra su cometido”, recoge la organización ABRE Puerto Rico en su opinión “Diseñado para fallar: el modelo de los 78 municipios” divulgada el pasado 2 de marzo. Argumenta que el éxito de los alcaldes en influir la operación del gobierno central se debe a su prominente rol en el andamiaje electoral de los partidos, ya que son ellos lo que capitanean la operación de campo de los candidatos durante las elecciones, lo equivalente a “Get out the vote efforts” en los Estados Unidos.
“Ahora bien, no decimos que cuando los alcaldes cabildean lo hacen por razones maquiavélicas, es solo por su deseo de tener los servicios del gobierno central cerca de sus constituyentes. Pero es esa ambición individual de cada alcalde de traer oficinas y programas de las agencias a su municipio es lo que ha llevado al gobierno central a extenderse en sus servicios administrativos, dejando menos dinero para el servicio directo al ciudadano”, dice.Difiere de aquellos que arguyen que los alcaldes pudieran administrar oficinas regionales del gobierno central, pero “¿necesitamos 78 oficinas de Medicaid o del Departamento de la Familia en los 78 municipios? ¿Es así como se debe planificar la prestación de servicios del gobierno central?”Para ABREPR, en una isla pequeña como Puerto Rico debería ser relativamente fácil planificar y hacer desarrollo. “Sin embargo, tenemos 11 oficinas municipales de permisos, 5 en el área metropolitana, con diferentes procesos y reglas. Lo que resulta en un marco legal regulado por un diverso y confuso conjunto de planes e instrumentos, entre ellos los Planes de Ordenamiento Territorial, con nomenclatura distinta y que en ocasiones chocan unos con otros”.
Además, comenta que hay 78 municipios solicitando fondos federales todos los años para fines de salud, educación y desarrollo económico que benefician solo su delimitación geográfica. “Es ilusorio pensar que un municipio tiene todos los activos y componentes dentro de su límite geográfico para hacer una planificación social y económica coherente y efectiva. ¿Cómo coordina un alcalde un plan de desarrollo económico que depende de activos de municipios adyacentes? Es decir, ¿se puede diseñar una estrategia de desarrollo económico en Aguada sin pensar en los activos turísticos de Isabela y la industria aeronáutica de Aguadilla?”, cuestiona.Asegura que la rigidez de un sistema con 78 gobiernos municipales dificulta que se generen estrategias integradas de desarrollo y amplifica los problemas de NIMBY (not in my back yard), donde los alcaldes se oponen a iniciativas que entienden les afectan a ellos directamente, aunque beneficien a la región donde se encuentran. “Esto impide al gobierno lograr objetivos justos y equitativos para una región más grande por las objeciones de un municipio más pequeño”.
La publicación cree en la descentralización de los servicios del gobierno central, pero no bajo la estructura municipal existente. Opina que, además de no tener las economías de escala para ser costo eficiente con los servicios, la gran mayoría de los municipios no tiene la capacidad administrativa o financiera para operar escuelas, cárceles o utilidades. Tampoco tienen la escala dentro de su límite geográfico para crear e implementar planes de desarrollo económico reales y efectivos.“No hay que desaparecer el municipio como entidad legal o política, solo hay que delegar funciones y recursos a una entidad regional que se ocupe de los asuntos importantes como las escuelas, seguridad, salud y desarrollo económico. Se podría crear una junta electa que gobierne sobre los asuntos administrativos de cada región. El alcalde podría seguir siendo electo, solo con menos poderes y una reducción significa de funciones e ingresos. Las regiones se pueden crear usando como base las regiones creadas por las agencias, y realizar ajustes haciendo análisis geoespacial para buscar paralelos territoriales y económicos entre municipios”, propone.
Añade como bueno el diseño de un nuevo modelo regional de gobernanza, afín con la nueva realidad fiscal, estratégico y enfocado en el bienestar de los ciudadanos. “Hay que repensar la estructura del gobierno completa de manera integrada”, recomienda la organización no lucrativa.
