En jaque la salud de los empleados públicos tras altos costos de planes médicos
Redacción el Sol de PR
San Juan, PR (1 de octubre de 2025) – La adecuada atención de la salud de los miles de empleados públicos, cada día es más precaria, según calificó el Procurador del Ciudadano, Edwin García Feliciano. El Ombudsman de Puerto Rico señaló directamente a los costos más elevados, menos cubierta a nivel de medicamentos, de servicios médicos y de laboratorios, como el reto principal que enfrentan los servidores públicos al tener que renovar su plan de salud.
A esto se le suma, explicó seriamente preocupado García Feliciano, que lo que se autoriza para parear los costos del plan como aportación patronal del gobierno, son escasamente unos $125.00 mensuales.
“Este factor encarece la adquisición de la cubierta de salud por parte del empleado, máxime si su composición familiar es de varias personas, ya que el costo sigue elevándose”, puntualizó.
Aunque existen corporaciones públicas, así como la Legislatura y sus dependencias que cuentan con aportaciones mayores, autorizadas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como la Junta de Supervisión Fiscal, lo cierto es que esa no es la realidad patente en todo el engranaje gubernamental.
“Un empleado público que puede atender sus asuntos de salud, de una manera adecuada, es un mejor activo para la agencia que corresponda”, indicó.
Por otro lado, enfatizó García Feliciano, bajo el Programa de la Reforma Civil, en donde se reevalúan los planes de clasificación y retribución, no todos los empleados públicos en las agencias en donde se han aprobado los mismos, han recibido un aumento digno y razonable, que pudiera mitigar el impacto económico de los planes médicos.
“Peor aún, no todas las agencias tienen sus planes de clasificación y retribución aprobados. Otras, aun teniéndolos aprobados, han sido cuestionadas por sus empleados, por el monto de sus aumentos y muchas de esas apelaciones se mantienen en un proceso un tanto lento y tardío para evaluar o acceder a ese reclamo”, manifestó.
Abundó diciendo García Feliciano que si a esto se le añade la precariedad de los servicios ofrecidos en muchos hospitales; el poder de las aseguradoras de decidir cuáles tratamientos cubre; las condiciones físicas de las estructuras; la escasez de personal de toda naturaleza; la falta de empatía de algún personal; la fatiga laboral; y los períodos de espera que parecen interminables la pregunta que automáticamente se desprende es, dónde está la calidad en los servicios médicos que deberían recibir los empleados públicos y aquellos del sector privado que están en una situación similar.
“Se hace imprescindible el esfuerzo concertado del Ejecutivo, la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal, para evaluar con mayor sensibilidad y detenimiento este asunto que atenta contra la estabilidad del servicio que se le presta a la ciudadanía. Hay que identificar los recursos económicos necesarios, para aumentar la cantidad que se le aporta a un empleado público, y que este no tenga que estar sujeto o rehén de un solo plan médico”, aseveró el Procurador.
