El Sur Llora: Feminicidio en Puerto Rico y la Urgencia de Actuar
El Por Luis Y. Rios-Silva, PhD (c), Catedrático de la Universidad del Sagrado Corazón
La violencia de género en Puerto Rico, y especialmente en la región sur, ha alcanzado niveles alarmantes que no podemos seguir ignorando. El incremento significativo de feminicidios durante 2024 y el primer semestre de 2025 refleja una realidad que pone en riesgo la vida de las mujeres en cada rincón de la isla. Ponce, Adjuntas, Juana Díaz, Salinas, Villalba y otros pueblos cercanos han sido escenario de casos que ponen en evidencia la magnitud de esta crisis, cuyas consecuencias devastadoras se sienten en el seno de nuestras comunidades.
En 2024, el Observatorio de Equidad de Género (OEG) reportó 81 feminicidios en Puerto Rico, un aumento considerable en comparación con los 29 reportados en 2023 (Observatorio de Equidad de Género, 2025). De estos, 50 fueron feminicidios directos y 31 indirectos. El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), por su parte, también confirmó 29 feminicidios en el mismo año, lo que nos muestra una alarmante tendencia al alza. Este patrón se ha continuado en 2025, con 17 feminicidios registrados hasta mayo, lo que refleja que la violencia no ha cesado. Más preocupante aún es el hecho de que en la mayoría de estos crímenes se ha utilizado el arma de fuego como el principal instrumento de muerte, lo que evidencia una grave accesibilidad a armas letales, muchas veces legales, por parte de los agresores.
Ponce y sus alrededores han sido especialmente afectados por esta violencia. En diciembre de 2024, el caso de Vanessa Lynmar Martínez García, una joven estudiante de Derecho de 22 años, conmocionó a la comunidad. Vanessa fue asesinada por su pareja, Rubén Antonio Pagán Banchs, quien luego se suicidó. Este feminicidio, que activó una Alerta Rosa, expuso las falencias en los mecanismos de protección para las mujeres en situaciones de violencia extrema. De igual forma, en abril de 2025, el asesinato de Caroline Bou en Adjuntas, quien fue golpeada y estrangulada por su pareja frente a sus siete hijos menores, evidenció nuevamente las fallas del sistema en la protección de las víctimas y subrayó la importancia de una respuesta más efectiva a la violencia doméstica (Ey Boricua, 2025).
Pero no son solo estos casos los que deben llamar nuestra atención. Pueblos como Juana Díaz, Salinas, Villalba y Adjuntas han registrado cifras alarmantes de feminicidios. En 2024, el OEG destacó que la región sur de Puerto Rico ha sido una de las más golpeadas por este flagelo, con altas tasas de peligrosidad para las mujeres. El patrón de feminicidios íntimos, donde el agresor es generalmente la pareja o expareja de la víctima, sigue siendo el más prevalente. En 2024, el 70% de los feminicidios fueron perpetrados por parejas o exparejas, lo que revela un ciclo de violencia que parece no tener fin (El Diario NY, 2025). En la mayoría de estos crímenes, el agresor, después de asesinar a la mujer, se suicida, dejando un rastro de dolor y devastación en las familias. El 2024 dejó un saldo de 11 agresores que se suicidaron tras cometer el crimen, una tendencia que, lamentablemente, continúa en 2025 (Todas PR, 2025). Estos casos no solo son el reflejo de una sociedad marcada por la violencia, sino también una advertencia de que las medidas de prevención y respuesta aún no son suficientes
para frenar este ciclo destructivo.
La lucha contra el feminicidio debe ser una prioridad en todos los niveles de la sociedad. Las autoridades, las organizaciones feministas, los profesionales de la salud y la ciudadanía en general debemos alzar la voz y trabajar unidos para erradicar esta violencia. Es necesario que se destinen más recursos para la protección de las víctimas, que se implementen políticas públicas más estrictas y que, sobre todo, se brinde educación y sensibilización desde temprana edad sobre el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Puerto Rico no puede seguir perdiendo vidas en manos de la violencia de género. Las familias de víctimas como Vanessa y Caroline merecen justicia, y el pueblo debe exigir a las autoridades que actúen con la urgencia y el compromiso que esta crisis demanda. Solo a través de un esfuerzo colectivo podremos garantizar un futuro libre de violencia para nuestras mujeres, y no permitir que la tragedia siga repitiéndose en Ponce, Adjuntas, Villalba y los demás municipios de la isla.
