‘‘El Gobernador si sabía sobre las irregularidades de Keleher’’, afirma representante de la AMPR José Torres

Por Alison K. Rodríguez Feliciano / Periódico El Sol de PR

El representante sindical de la región de Ponce de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) José Torres Rodríguez, opinó que el Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló Nevares debía tener conocimiento de las irregularidades que cometía la exsecretaria del Departamento de Educación (DE) Julia Keleher debido a que la AMPR había sido constante en sus denuncias ante las tres ramas del gobierno por la falta de transparencia de la líder en la otorgación de contratos y su toma de decisiones arbitrarias.

‘‘Pienso que (Roselló Nevares) le mintió al pueblo de Puerto Rico. El Gobernador si sabía sobre las irregularidades de Keleher. Bueno, tanto es así que nuestra institución y el pueblo entero denunciaba que la exsecretaria debía ser investigada por el mismo Gobierno de Puerto Rico y no por el FBI’’, declaró de forma contundente Torres.

El líder de la AMPR aseguró que la secretaria nunca presentó evidencia clara de cómo se otorgaban los contratos. Tal fue el caso del contrato por alrededor de $17 millones para retomar el programa Tus Valores Cuentan.

Dicho acuerdo legal había sido firmado para diciembre del 2017 entre el DE y la entidad Josephson Institute of Ethics. Posteriormente, para mayo del 2018 fue cancelado por, según Keleher, un informe de auditoría interna en el que el DE planteaba problemas serios sobre el proceso utilizado para desarrollar y adjudicar el contrato.

Ahora la exsecretaria es imputada, según se desprende en el pliego acusatorio presentado el pasado miércoles por la jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, de siete cargos; uno de conspiración para cometer fraude electrónico, uno de conspiración para cometer delito contra los Estados Unidos y cinco por fraude electrónico.

Acorde al Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), el esquema de fraude de contratos es ascendente a $15.5 millones; $13 en el DE y $2.5 millones en la Administración de Seguros de Salud (ASES).

 ‘‘Nunca se le presentó al pueblo de Puerto Rico y mucho menos al sindicato, por qué o cómo se estaban otorgando los contratos a estas compañías. Todo era a puerta cerrada, no había nada transparente en estos procesos’’, aseguró.

Cuestionable proceso de cierre de escuelas

El representante de la AMPR también expresó que nunca se explicó cuál era el protocolo o los criterios establecidos por el DE para determinar el cierre de alrededor de 442 planteles escolares de los cuales, hasta el momento, se han vendido cinco.

‘‘Hemos visto fotos que las comunidades tomaban cuando la secretaria (Keleher) llegaba al frente de los portones, se bajaba por solo cinco minutos, miraba y de un día para otro (se determinaba que) esa escuela se iba a cerrar’’, indicó el también maestro del sistema público educativo.

‘‘Nunca se presentaron informes concretos (de) cómo se evaluaron esas escuelas que cerraron y el porqué. Mientras que cuando mirábamos, en los mismos municipios había escuelas que estaban en peores condiciones que las que habían sido cerradas’’, añadió.

Torres describió estas decisiones como sospechosas, puesto a que las estructuras educativas que el DE decidía clausurar, estaban en buenas condiciones físicas y, además, los estudiantes presentaban altos índices académicos en comparación con muchas de las que permanecen abiertas.

Otro punto que destacó fue la dificultad que tuvieron que afrontar los estudiantes de educación especial quienes fueron transferidos a planteles escolares que no contaban con la capacidad ni instalaciones apropiadas para recibir a la población con diversidad funcional.

Apuntó esta movida como parte de una reforma educativa que busca principalmente, crear las Escuelas Alianzas, que admitido por Keleher, son en esencia las escuelas ‘‘charters’’, o sea instituciones públicas administradas por comunidades o entidades privadas. La AMPR ha expuesto consistentemente su oposición a este sistema de enseñanza.

Un esquema comparable al de Víctor Fajardo

Para Noel Cedeño, coordinador del Comité de Quejas y Agravios de la AMPR, el esquema fraudulento al que se enfrenta Keleher es igual o peor que el caso de exsecretario de educación Víctor Fajardo, quien fue convicto por desviar sobre $4 millones en el año 2000 y tuvo que cumplir  12 años de cárcel federal.

Cedeño manifestó que las consecuencias del fraude que cometió Fajardo lo sufrieron los alumnos, padres y maestros que participan del sistema de educación público. Agregó que el Gobernador debe tomar acción al respecto, más allá de señalarlo como un asunto antiético e inaceptable.

Por otra parte, el líder magisterial cuestionó la figura de Alberto Velázquez Piñol, exsubcontratista de la firma BDO Puerto Rico que brindaba servicios a las instrumentalidades del DE y ASES y quien figura también dentro de las acusaciones del FBI por orquestar tres esquemas de fraude en el DE. La acusación sugiere que Velázquez Piñol recibía una comisión del 10% por cada contrato que se le concediera a la compañía BDO.

‘‘Una pregunta importante es, quién le dio esa autoridad al señor Velázquez a tomar el control de todas las agencias del gobierno. No hemos visto acción por parte del Gobernador para evitar este desastre que ha venido saliendo públicamente’’, comunicó.

Cedeño teme que esta situación cree desconfianza en el pueblo y el Gobierno Federal sobre el uso y manejo de los fondos federales a uno de los departamentos más significativos a nivel presupuestario del país.

Por su parte, el representante sindical Torres Rodríguez, sintetizó las consecuencias del esquema fraudulento y de malas decisiones a una precaria situación en las escuelas públicas: ‘‘Hoy en día tenemos escuelas con salarios miseros, maestros jubilados con salarios miseros. Tenemos libros en las escuelas con horrores ortográficos y de historia pagados con dinero público y comprados bajo la administración de Julia Keleher’’.

‘‘Parte de lo que nosotros esperamos ante este arresto de la secretaria, es la revisión de la Reforma Educativa, la mal llamada Reforma Educativa o Ley 85.  Esperamos que el Gobernador de Puerto Rico, la Cámara y Senado, la retomen, la revisen, la enmienden o la erradiquen por completo de tanta deficiencia que tiene y de todo detalle que denota que Julia Keleher tuvo que ver en toda esta reforma educativa’’, concluyó.