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Educación pagará $11,000 en una multa tras investigación de la Oficina de la Inspectora General

Educación pagará $11,000 en una multa tras investigación de la Oficina de la Inspectora General

El Sol de Puerto Rico 

San Juan, 26 diciembre de 2022. – La Oficina del Contralor Electoral (OCE) comenzará los trámites para cobrar una multa de $11,000 impuesta al Departamento de Educación (DE) por violentar la veda electoral, luego que una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia se tornara final y firme.

“Ya, como es final y firme la sentencia del Tribunal en el caso de la multa otorgada al DE por violación a la veda electoral, la OCE comenzará las gestiones para el cobro de la cuantía, que asciende a $11,000″, indicó el contralor electoral, Walter Vélez.

Respecto a cuál es el curso de acción, Vélez precisó que “se envía una comunicación al DE con una factura al cobro por la cantidad adeudada”. Agregó que la agencia tiene 15 días para saldarla.

La OCE multó al DE por violaciones a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222 de 2011), a raíz de una pesquisa de la Oficina de la Inspectora General (OIG), que halló que la agencia publicó 44 convocatorias de empleo, en 2020, sin la autorización de la contraloría electoral.

La OCE determinó que el DE cometió 44 infracciones, “que consistieron en la publicación de 44 convocatorias para distintos puestos de empleo sin haber antes obtenido la autorización de la OCE para así hacerlo o, en la alternativa, sin que hubieran transcurrido cinco días desde que sometió la solicitud de autorización por el trámite expedito”.

La OCE tiene a su cargo la Junta Examinadora de Anuncios tras la aprobación del Código Electoral, en junio de 2020. Previamente, esa faena estaba a cargo de la Comisión Estatal de Elecciones.

La multa inicial ascendía a $216,000. Pero, como el DE aceptó la imputación, la OCE redujo la multa, como permite la Ley 222 de 2011.

El DE tenía 30 días -que vencieron el 12 de septiembre- para pagar la multa o presentar un recurso de revisión en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Solicitaron la revisión judicial, pero la OCE prevaleció.

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