Redacción El Sol de Puerto Rico
Yauco, PR / 27 de agosto de 2024 – El Departamento de Salud de Puerto Rico ha emitido la Orden Administrativa Núm. 594, que establece que la prueba para detectar Hepatitis C sea un requisito para expedir el Certificado de Salud. Esta nueva medida impacta negativamente el bolsillo de los ciudadanos.
La orden también obliga a los planes de salud a incluir dicha prueba en su cubierta básica. Sin embargo, esto presenta un desafío, ya que más de 200,000 personas en Puerto Rico no tienen cubierta médica que cubra estos costos, generando un gasto adicional para la población.
“El establecimiento de este requisito afecta negativamente a personas que, en su gran mayoría, están buscando trabajo, son estudiantes o laboran en el campo de la salud y la industria de alimentos al imponerles una carga económica adicional que agrava la crisis existente”, comentó el Dr. Daniel Ortiz Vargas, especialista en medicina de familia y candidato a representante del Distrito 23 por el Movimiento Victoria Ciudadana.
La Hepatitis C es un virus transmitido principalmente por contacto con sangre contaminada, especialmente entre usuarios de drogas intravenosas. En 2023, se realizaron 43,146 pruebas de cernimiento en Puerto Rico, de las cuales 4,670 fueron positivas, pero solo 1,512 casos fueron confirmados a través de pruebas genéticas (ARN). La mayoría de los casos probablemente se encuentran en la población penal y usuarios de drogas ilícitas.
El Departamento de Salud exige ahora una prueba de Hepatitis C para obtener el Certificado de Salud, lo que añade un costo de $25 a $30 a los $40 que ya cuesta el certificado. El Dr. Daniel Ortiz Vargas sugiere que esta medida debe centrarse en los grupos de alto riesgo, como los reclusos y pacientes en tratamiento ambulatorio, para evitar afectar a los trabajadores y estudiantes que ya enfrentan dificultades.
El Dr. Ortiz también cuestionó los principios de accesibilidad y costo-efectividad que deben guiar las intervenciones de salud pública. Según él, esta medida parece beneficiar más a las instituciones que realizan las pruebas y a las farmacéuticas, que a la población general.
“Una estrategia efectiva sería realizar la prueba de cernimiento en la población penal y en pacientes de alto riesgo, sin impactar el bolsillo de la clase trabajadora y estudiantil,” agregó el Dr. Ortiz, sugiriendo que la Orden Administrativa debería ser revisada y modificada para enfocarse en grupos de mayor riesgo y no en la población general.
“El establecimiento de dicho requisito afecta negativamente a personas que en su gran mayoría están buscando trabajo, son estudiantes, y/o laboran en el campo de la salud y la industria de alimentos, al imponerles una carga económica adicional, que abona a la crisis existente.”, añadió.
Para el galeno, el Movimiento Victoria Ciudadana aboga por un sistema de salud universal enfocado en la prevención y en la equidad de acceso a servicios médicos de calidad. En este sentido, la propuesta actual del Departamento de Salud no se alinea con una estrategia de salud pública que considere el beneficio frente al riesgo en la población general, particularmente en tiempos de crisis económica.
