Detiene la corrupción el desarrollo económico

Especial para El Sol de Puerto Rico / Por Nelson del Castillo

Ponce, 8 de junio de 2023 (INS). – El estremecedor informe divulgado por el Observatorio Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontífice Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), dejó al descubierto que la corrupción, con un impacto de $527 millones anuales, ocasiona un profundo daño social al país.

“La corrupción no sólo es el desvío del dinero público, es el daño social que hace, el que las personas no reciban los servicios que necesitan, que a veces determinan la vida, por lo que afecta los derechos humanos de todos”, expuso a la agencia Inter News Service (INS) la economista Martha Quiñones Domínguez.

La profesora de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Arecibo advirtió que “ese abuso de poder público o privado causa daño; lesiona los principios de equidad, debilita las instituciones, consolida la impunidad, genera más pobreza, y hace que las personas psicológicamente la acepten como un mal que no tiene remedio”.

Abordada acerca del revelador estudio de la PUCPR que dejó en evidencia que durante las últimas dos décadas la corrupción ha costado a la economía puertorriqueña sobre 7,4 mil millones de dólares, lo que representa un promedio de $527 millones anuales, la economista apuntó para El Sol de Puerto Rico que “todo esto detiene el desarrollo social y económico”.

“Es un fenómeno sistémico, un fracaso de la gobernabilidad y del desarrollo”, subrayó Quiñones Domínguez.

La investigación “El costo económico de la pobre gobernanza y la corrupción en Puerto Rico”, realizada por los doctores Julio C. Quintana Díaz, del Centro de Apoyo Estadístico de la PUCPR, y Ricardo Fuentes Ramírez, catedrático auxiliar del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez, sugiere que de Puerto Rico haber logrado estabilidad en la calidad de su gobernanza durante las primeras dos décadas del siglo XXI, “la depresión económica que inició en 2006, pudiera haber sido menos profunda y hoy estaríamos más cercanos a retornar a niveles precrisis”.

En tanto, el doctor Hernán Vera, director del Observatorio, aclaró que el objetivo de las investigaciones es “aportar información concreta, desde un punto de vista académico y despolitizado, para aportar a la creación de políticas públicas que beneficien a todos los puertorriqueños”.

“La misión de esta investigación fue proveer un estimado que permita a la ciudadanía tener una idea de la magnitud del impacto económico y social de los problemas de pobre gobernanza y corrupción en la Isla”, dijo Fuentes Ramírez.

Agregó que se tomó de punto de partida la extensa literatura internacional que ha documentado que el costo de la corrupción es mayor que la suma del dinero perdido, y es un síntoma de un problema mayor: un débil marco institucional caracterizado por pobre gobernanza.

El Banco Mundial, explicaron los investigadores, estima varios Indicadores de Gobernanza, conocidos como los World Governance Indicators (WGI), que miden varias dimensiones, incluyendo un indicador de control de la corrupción.

De los indicadores utilizados en la literatura, actualmente Puerto Rico solo es incluido en los WGI del Banco Mundial, explicó Fuentes Ramírez, habiendo seis dimensiones claves de calidad institucional o gobernabilidad.

En la relación entre los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial y la economía puertorriqueña, indicó, encontraron que los de gobernanza en Puerto Rico han disminuido significativamente desde mediados de la década de 2000, coincidiendo con la depresión económica que inició en 2006.

“Uno de los hallazgos principales es que el deterioro de nuestra capacidad para controlar la corrupción a partir de la década de los 2000 le ha costado a la economía puertorriqueña alrededor de $7,4 mil millones, o en promedio de $527 millones anuales. Pero más allá, en el caso de rendición de cuentas, se estimó que su deterioro le ha costado a la economía puertorriqueña alrededor de $11,6 mil millones, o en promedio $1,289 millones anuales”, afirmó el economista.

Quintana Díaz, del Centro de Apoyo Estadístico de la PUCPR, dijo que resulta complejo estimar el costo de la corrupción en Puerto Rico, porque “típicamente asociamos la corrupción gubernamental con sobornos o con la apropiación de fondos públicos”.

“Pero este mal social, incluye muchas otras formas de lograr beneficio privados, como establecer políticas públicas, o procesos de compra y contratación de servicios en el gobierno, donde se favorecen amigos, familiares, socios comerciales, o donantes”, detalló.

Para Quintana Díaz, desde una perspectiva económica, un gobierno corrupto erosiona la confianza, lo que podría motivar a personas y empresas a preferir vivir e invertir en otro lugar. “La pérdida de fondos públicos ya sea por robo o por pagar más de lo debido por un servicio, implica menos fondos disponibles para invertir en salud, educación, y desarrollo”, resaltó.

La catedrática Quiñones Domínguez coincide al reiterar que, tal como se plantea en el estudio, “todo esto detiene el desarrollo social y económico; es un fenómeno sistémico, un fracaso de la gobernabilidad y del desarrollo, por lo que es importante entenderlo para luchar en contra de la corrupción”.

A su juicio, para reducir la corrupción y los males que produce hay que controlar el poder —monopolizado por dos grupos políticos que se dedican a ganar para dar los contratos y no le importa transforma el país—, crear mecanismos de transparencia con más democracia participativa donde se discutan los proyectos y acciones por la ciudadanía y eliminar la discrecionalidad —esas personas que deciden o esa autoridad que define y toma decisión sin evaluación.

“Estas estrategias ayudan a identificar o sorprende a las personas en el acto; a eso hay que unir que las penas criminales sean mayores y que deban devolver el monto del daño causado y que no vuelva hacer negocios con el Estado”, dijo la economista.

Planteó que para lograrlo, ante la realidad de que las reglas las establecen los cultivadores de la corrupción, se requiere de una mayor participación ciudadana y la discusión pública informada de los asuntos.INS