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San Juan, 5 de mayo de 2022 – El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, dijo que la legislatura debe rechazar la autorización de cualquier transacción con bonistas en el caso de Título III de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La postura del sindicalista fue expresada ayer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que lleva adelante audiencias públicas para atender la resolución de la Cámara 563, que investiga la necesidad, justificación y legalidad de las emisiones de bonos de la AEE realizadas desde el 26 de marzo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2016.
Tanto Figueroa Jaramillo como Rolando Emmanuelli Jiménez, representante legal de la Utier, destacaron que la legislatura debe plantarse en contra de la autorización de cualquier transacción con los bonistas en el caso de Título III de la AEE.
Figueroa Jaramillo alertó que con la cancelación del “Restructuring Support Agreement’’ (RSA) -que pretendía pagar a los acreedores de bonos mediante un aumento en la taifa que alcanzaría cerca de 4.6 centavos por kilovatio hora- el escenario más probable es que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) negocie un acuerdo en donde los bonos no sean asegurados, pero que representen un recobro mayor a los bonistas que podría rondar en más de 80%.
“La Junta podría intentar hacer este acuerdo dejando a un lado a la Legislatura, y aprobarlo solo con el aval de la junta de gobierno de la AEE, sin ni siquiera pasar por el crisol del Negociado de Energía, pues la ley del Negociado se enmendó para quitarle sus facultades para evaluar la reestructuración. Un recobro de 80% tendría que solventar con un aumento mayor a la tarifa que podría ser de hasta 8 centavos por kilovatio hora. Esto sería devastador para la AEE, el plan de ajuste de deudas y Puerto Rico’’, expresó el presidente de la Utier.
Por otra parte, el líder sindical expuso que el plan de ajuste de la deuda de la AEE basado en pagos sustanciales a los bonistas podría conllevar aumentos que harán que el costo de operación de los negocios en Puerto Rico sea “intolerables y que se agudice la crisis de desigualdad en el país porque habrá mucha gente que no podrá pagar su factura de energía eléctrica’’.
“De acuerdo con un estudio realizado por Ramón Cao García, los efectos del aumento en las tarifas ocasionan el cierre de miles de negocios con la pérdida de más de 170 mil empleos. Asimismo, otro estudio por el Comité de Acreedores no Asegurados y realizado por la prestigiosa firma London Economics International demostró que la AEE no podrá sobrevivir las consecuencias de un acuerdo insostenible, lo que conlleva que deje desprovistos y sin pago a los acreedores esenciales y operacionales, provocando que terminemos en una segunda quiebra’’, añadió.
Mientras, Eva Prados Rodríguez, representante de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, subrayó que la AEE tiene una deuda en bonos o “Power Revenue Bonds’’ y líneas de crédito de aproximadamente nueve mil millones.
La licenciada destacó que entre los años 1974 al 2016, la AEE emitió los ‘’Power Revenue Bonds’’ conforme a un ‘’Trust Agreement’’ o ‘’Contrato de Fideicomiso’’ con los bonistas.
La portavoz presentó una serie de hallazgos luego de realizar una auditoría integral de la deuda pública de Puerto Rico junto a la Comisión Ciudadana.
Entre los descubrimientos se encuentra que la AEE infló artificialmente sus recaudos proyectados para poder cumplir con las disposiciones del “Trust Agreement’’ con sus acreedores a los efectos de tener recaudos netos que sean por lo menos 120% superior a los pagos por su deuda. ‘’Esto lo hacían con el fin de poder seguir emitiendo bonos, aunque no tenía la autoridad legal ni ingresos escenarios para cumplir con esas obligaciones’’, acotó.
Otro de los hallazgos presentados es que los bonistas e intermediarios que compraban la deuda sabían o debían saber que la AEE estaba en violación a las cláusulas y asumieron el riesgo.
“La AEE publicó repetidamente estados financieros y otra información relevante después de la fecha del vencimiento. Los suscriptores sabían que la Autoridad no había cumplido con sus obligaciones de divulgación. No cabe duda de que la AEE ocultó información a los potenciales acreedores’’, declaró la vocera.
