“Congelada” en la Legislatura medida por los derechos de los inmigrantes: Fue convertida en proyecto de ordenanza municipal
Por Agustin Muñoz / El Sol de Puerto Rico
(18 de junio de 2025) – Mientras avanzan las detenciones de indocumentados dominicanos en la isla, un proyecto de ley presentado en febrero pasado por el independentista Denis Márquez se mantiene “congelado” en la Cámara de Representantes, cuerpo al que pertenece.
La medida, el PC0331, pretende establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico de protección a lugares considerados como sensibles por su importancia en el ejercicio de derechos fundamentales de la comunidades migrantes en la isla.
De avalarse el proyecto y ser acogido por la Fortaleza, obligaría al gobierno a desarrollar políticas y protocolos que custodien la información personal de los inmigrantes y así impedir intervenciones en violación a sus derechos constitucionales.
El PC 0331, fue radicado el 13 de febrero pasado, por petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y sometido a comisión una semana después. Además de su autor, cuenta con el respaldo de los representantes Adriana Gutiérrez Colón, Nelie Lebrón Robles, Héctor E. Ferrer Santiago, Ángel A. Fourquet Cordero, Domingo J. Torres García, Edgardo Feliciano Sánchez, Estrella Martínez Soto, Gretchen M. Hau, José M. Varela Fernández, Lilibeth Rosas Vargas, Ramón A. Torres Cruz, Reinaldo Figueroa Acevedo, Roberto Rivera Ruiz de Porras, Sol Y. Higgins Cuadrado, Swanny E. Vargas Laureano.
Sin embargo, ante la inacción de la Legislatura y luego de la entrega por el gobierno de Jenniffer González de la información de 6 mil inmigrantes con licencia de conducir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) resolvió convertir el PC0331 en una ordenanza que sea atendida en las legislaturas municipales.
Carlos Navarro, portavoz del PIP, explicó a este medio que esa acción responde a la negativa de la mayoría cameral de dar paso al proyecto mencionado.
“Como no lo van a atender (en la Legislatura), lo convertimos en una ordenanza municipal para ampliar la posibilidad de que en algunos municipios sí se pueda legislar cómo van a ser los protocolos y las interacciones entre las autoridades locales y federales al momento de los arrestos”, señaló Navarro.
El portavoz informó que ya la Legislatura Municipal de Hormigueros le dio el visto bueno a la ordenanza.
Márquez ha dicho que la protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio u origen étnico o nacional, debe ser una prioridad de la Asamblea Legislativa. La delegación del PIP ha cuestionado las recientes redadas en las que son apresados extranjeros, sin orden judicial y algunos con residencia legal.
