Con los días contados compañía operadora de grilletes en Puerto Rico
Molesto Henry Neumann, ya que, todavía compañía responsable de una muerte esta dando el servicio
El Capitolio- A pesar de que el 8 de junio de 2016 una mujer murió a manos de su ex pareja quien estaba bajo la supervisión de un grillete, ya que la compañía encargada de los mismos tardó más de una hora en notificarle que su agresor estaba cerca y ya era “demasiado tarde”, entiéndase la compañía Track Group, con base en Chicago, y la que a un año y medio de la tragedia continúa brindando servicios al estado, según lo admitió Margarita Smith encargada del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) agencia responsable de velar por el programa de monitoreo.
Las expresiones de la funcionaria quien también es la Ayudante Especial del Secretario de Corrección y Rehabilitación, Erik Rolón, durante una vista senatorial de la Comisión de Seguridad Publica del Senado que preside el senador Henry Neumann, sobre la Resolución del Senado 83 de la autoría del senador Carmelo Ríos Santiago que le ordena a dicha comisión realizar una investigación exhaustiva sobre la situación actual del sistema de monitoreo electrónico mediante el Global Positioning System (GPS), que conlleva el uso de grilletes electrónicos a personas identificadas como peligrosas.
“Hay muchas mujeres allá fuera que necesitan saber como están funcionando estos grilletes porque están en peligro y necesitan la protección para que las cosas que hemos visto allá fuera no sigan ocurriendo como lo acontecido en el municipio de San Sebastián donde la joven de nombre Crucita González fue asesinada a puñaladas por su compañero luego de que este burlara el sistema de grillete electrónico. La mató y luego se suicido y no fue hasta más tarde que la compañía encargada advirtió de la violación del grillete. Unos minutos que falla el sistema en enviar la comunicación correcta puede costar una vida, esto fue lo que motivo al compañero Carmelo Ríos a que realizáramos una investigación sobre este sistema”, indicó el Presidente de la Comisión.
La Lcda. Julie Gómez Gómez en representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación estableció que el responsable del monitoreo electrónico (GPS) es el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) y el Tribunal es quien determina la zona de exclusión de la persona que porta el grillete a base de la información que proporciona la víctima. Actualmente hay 16 oficiales asignados al monitoreo, 4 por cada turno y al día de hoy monitorean a 135 caballeros y 10 damas solamente por casos de Violencia Domestica. En adición tienen agentes que visitan las residencias de los recipientes de estos grilletes como un acto preventivo, explicó.
La licenciada Gómez añadió que la violación de la zona de exclusión (entiéndase lugares donde no puede estar el victimario) o que se esta acercando a dichos lugares, se refleja a través de una alarma de color roja que aparece en el sistema y que se tiene que atender de forma inmediata. Una vez esto ocurra se le comunica al imputado advirtiéndole de la violación y simultáneamente se llama al 911 activando el protocolo multiagencial y la tercera llamada simultánea es a la víctima previniéndola. Se activa la policía y eventualmente una vez sea arrestada la persona se llama al Departamento de Justicia para la radicación de cargos por la violación al estatuto.
“Porque le hemos dado tantas oportunidades a esta compañía si ya tenemos una muerte teniendo tantas compañías que pueden brindar el servicio” cuestiono el senador Neumann Zayas al personal del Programa de Servicio con Antelación al Juicio. A lo que Margarita Smith respondió que el Secretario de Corrección y Rehabilitación firmó una orden administrativa para identificar una nueva compañía a través de un proceso expedito para identificar una compañía en lo que se realiza una subasta. “Al día de hoy estamos celebrando una subasta para la selección de una nueva compañía. Hay varias cualificaciones que se están requiriendo: que sea tiempo real constantemente el monitoreo, los sistemas de alerta que esa compañía brinde, un mecanismo de alerta, como por ejemplo, que se le provea a la víctima un dispositivo de seguridad.
El senador Miguel Pereira mostró preocupación ante el adiestramiento que puedan tener o no los agentes de investigaciones y arrestos especializados utilizados por (PSAJ), a lo que Smith aseguró estos son adiestrados al igual que los agentes de corrección. “Actualmente la plantilla ha sido efectiva”, dijo.
El costo del grillete a una persona es de $9.48 diarios. Actualmente existe la ley 282 que permite que se le realice el cobro a los imputados que puedan pagarlo, mientras que a los indigentes el Estado los costea a través de un fondo especial de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, que según la Procuradora Interina, Carmen Lebrón, provienen de fondos especiales de la legislatura.
Mientras el senador Nelson Cruz Santiago preguntó si el evaluador que atiende los casos esta debidamente adiestrado y si los fondos son totalmente estatales y no hay fondos federales. Las funcionarias de Corrección señalaron que los evaluadores estaban debidamente adiestrados y que los fondos provenientes son única y exclusivamente estatales.
Por su parte el senador Juan Dalmau Ramírez hizo énfasis en el protocolo y la colaboración que dijo debe existir con la policía municipal.
En la audiencia pública salió a relucir que durante la emergencia con el huracán María, ante la falta de comunicación, los agentes asignados al Programa salieron a realizar visitas y hasta se arrestaron a varias personas que al momento de las visitas no se encontraban en las zonas designadas. Estas se realizaban diariamente, y en ocasiones, varias veces al día.
La Procuradora Interina de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, Carmen Legrón, explicó que cuando se suscitan los hechos del 2016 se dan dentro de un marco susceptible a que esto sucediera porque las personas de ese entonces no estaban adiestradas y no habían personas fiscalizando si se estaba o no haciendo el trabajo y tampoco se informaba a la oficina de la procuradora de la mujer.
Para Lebrón esto no puede descansar solo en la tecnología sino que debe existir el factor del recurso humano. La oficina de la procuradora cuenta con $1,200,000 en asignaciones especiales para el pago de la monitoría. Las cantidades fluctúan según entran y salen las personas que tienen el grillete.
La Procuradora también explicó que hay una intercesora en cada uno de los tribunales para las Salas de Violencia Doméstica y que el protocolo interagencial es bastante completo. “Yo evalúo las cosas a base de resultados y me siento satisfecha de que hasta el momento no hemos perdido una vida. Pero no significa que estemos bien a un 100% porque seguimos confiando de la tecnología y no podemos descansar en eso”, dijo la Procuradora.
“Estamos hablando todavía que no hemos completado una subasta. No hay nada significativo pero todavía seguimos con esa compañía y se perdió una vida por fallas con esta compañía. Respondió una hora y dos minutos más tarde que desgraciadamente era demasiado tarde para esa victima. Y todavía me están hablando de una señal de alarma que piensan implementar”, condenó Neumann Zayas ante su asombro porque aun Track Group continúa teniendo un contrato con el Estado por el monitoreo de los grilletes. “No puedo entender como esa compañía todavía es una opción y seguimos renovándole un contrato de mes a mes”, sentenció.
Mientras la licenciada Estrella Vega Soto en representación del Departamento de Seguridad Pública y su Secretario Héctor Pesquera, así como la Teniente Aymeé Alvarado, a cargo de la División de Violencia Doméstica, defendieron la gestión de la policía de Puerto Rico al momento de responder a la llamada del 911 que es la primera agencia en contestar al momento de que el victimario viole la zona de restricción. Ante esto, Neumann Zayas le cuestionó como se comunicaban si durante las vistas oculares que su Comisión ha realizado a diversos cuarteles de la policía se han enfrentado con la problemática que no tienen medios de comunicación. La Teniente Alvarado respondió que tienen unos celulares costeados por el gobierno federal para esos fines. Respuesta que no dejo satisfecho al legislador y expresó: “Me quedo con mucha preocupación”.
