Inter News Service
San Juan, PR / 25 de agosto de 2021 – La Comisión de Bienestar Social de la Cámara de inició una investigación para evaluar si en el caso de la joven madre sorda Janet Viera Grau las agencias cumplieron con los reglamentos y protocolos establecidos conforme a la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores (Ley 246 de 2011).
La investigación surge mediante la resolución de la Cámara 196, que persigue analizar los protocolos y funciones de las agencias con responsabilidades bajo la Ley 246 al intervenir con personas con diversidad funcional, en particular con personas sordas.
La medida fue sometida por la representante Mariana Nogales Molinelli el pasado enero a raíz del caso de Viera Grau, quien se suicidó luego de que fuera privada de la custodia de sus dos hijos menores por supuesta negligencia.
Ayer, en el primer día de audiencias públicas, Familia insistió en su alegación de que la joven madre, como participante de la Administración de Familias y Niños (Adfan), recibió los servicios de intérprete de lenguaje de señas aprobados por la agencia.
“Lamentablemente, en el caso de la señora Viera Grau, no contó con la participación de su familia y la comunidad inmediata en su proceso para lograr la meta de reunificación familiar. El Departamento de la Familia agotó todos los remedios legales y sociales disponibles para preservar la familia. En todo momento contamos con intérprete de lenguaje de señas para una comunicación efectiva con la participante”, aseguró la agencia en una ponencia firmada por la secretaria Carmen Ana González Magaz.
La ponencia agrega que, “no obstante, la seguridad de los menores fue por encima de todo, por lo que conforme a nuestro deber ministerial teníamos que protegerlos y removerlos del hogar materno”.
Familia explicó, en una cronología de eventos, que los menores sufrían patrones de maltrato y se temía por la seguridad de ellos, pues la madre presuntamente amenazaba con quitarse la vida y la de sus hijos.
Otros hallazgos que surgen de la línea de tiempo revelan que la joven madre vivía un historial de abuso perpetrado por su abuelo materno, por lo que en tres ocasiones se le coordinó alojamiento en hogares para mujeres víctimas de maltrato y, en coordinación con el Departamento de la Vivienda (DV), se le aprobó una nueva residencia en Arecibo. Sin embargo, Viera Grau declinó estas ayudas.
De igual forma, la joven madre fue entrevistada con el propósito de recibir orientación sobre servicios dirigidos a víctimas de agresión sexual.
La agencia destacó que, actualmente, trabaja en la implementación de un protocolo centrado en las personas con impedimentos auditivos que son intervenidos por alguna situación bajo su jurisdicción con el fin de que se les garantice el respeto de sus derechos, así como el “fomento de su independencia y autonomía”.
Por su parte, la administradora de Adfan, Yaitza Maldonado Rivera, señaló a la comisión cameral, presidida por la representante Lisie Burgos Muñiz, que enfrentan una escasez de personal que resulta en un cúmulo de casos para los 843 trabajadores sociales disponibles alrededor de la isla.
“De verdad que necesitamos ayuda. El cúmulo de trabajo de estos 843 trabajadores sociales, lo ideal es que sean de 15 a 20 casos, pero, actualmente, la realidad es que tienen de 35 a 40 casos cada uno. Eso es una carga bien pesada en estas circunstancias que tienen que intervenir”, señaló la funcionaria.
Al momento, 72 trabajadores sociales están bajo proceso de evaluación tras responder a una convocatoria sometida por la Adfan desde diciembre de 2019.
A preguntas de Nogales Molinelli, la agencia indicó que el salario de esta convocatoria, que responde al salario base de un trabajador social, fluctúa entre 1,700 y 1,800 mensuales.
La legisladora requirió a Adfan copia detallada de la cronología de los eventos en el caso de Viera Grau, al igual que el borrador del protocolo de intervención específicamente para personas sordas.
Mientras, la subadministradora de la Adfan, Glenda Gerena, notificó a la comisión que el pasado 21 de agosto los menores partieron hacia Estados Unidos luego de que Familia concediera custodia permanente con vías de adopción a unos familiares que accedieron a acogerlos.
“En este caso no estamos buscando culpables. Simplemente buscamos alternativas para poder atender los asuntos y mejorar. Vemos que esto es una familia bastante disfuncional desde hace mucho tiempo”, dijo Gerena.
Agregó que “esto es un trabajo que es de todos, desde la familia, que falló desde un inicio, hasta llegar a donde estamos”.
De otra parte, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) informó durante la vista pública que Viera Grau nunca acudió al tribunal en el momento que se celebró la vista para la remoción de sus hijos.
De acuerdo con la licenciada Mónica Hernández Jiménez, quien labora en la Oficina de Legislación y Reglamento de la OAT, el proceso se llevó a cabo de manera “ex parte”, por lo que nunca requirió el servicio de intérprete de lenguaje de señas.
La OAT informó que desde 2019 mantiene un acuerdo contractual con una entidad que ofrece servicios profesionales de lenguaje de señas para asistir en cualquier asunto del Poder Judicial. La entidad cuenta con un banco de intérpretes cualificados disponibles las 24 horas del día durante todo el año.
No fue hasta marzo del 2020 que la OAT comenzó a implementar una base de datos sobre las solicitudes de servicios de intérprete durante los procesos judiciales, indicó Hernández Jiménez.
Según la información registrada hasta el 9 de julio de 2021, de un total de 1,819 solicitudes de servicios de intérpretes de idioma, lenguaje de señas –en sus diversas modalidades– y otras modificaciones razonables recibidas a través de las 13 regiones judiciales, se atendieron 110 solicitudes de estos servicios para personas involucradas en casos de Ley 246.
De estas 110 solicitudes, 12 de ellas fueron peticiones relacionadas a intérpretes de lenguaje de señas y otros acomodos razonables.
