Alegan se le niega aportación al plan de salud
Periódico el Sol de PR
Por: Agustín Muñoz
San Juan,28 de junio de 2022-La Fundación Nacional del Derecho al Trabajo (FNDT) confirmó que ocho empleados civiles del Negociado de la Policía de Puerto Rico presentaron una demanda contra la Unión de Empleados Civiles Organizados (ECO) y a su patrono por ilegalmente tomar represalias contra ellos por el ejercicio de sus derechos constitucionales.
La demanda de acción de clase, radicada en el Tribunal Federal en San Juan, dice que funcionarios del Negociado y de ECO les están privando de un beneficio de salud mensual porque no son miembros de la unión. Los demandantes son
representados de forma gratuita por abogados de la Fundación Nacional del Derecho al Trabajo.
Los demandantes fueron identificados como Vanessa Carbonell, Roberto Whatts Osorio, Elba Colón Nery, Billy Nieves Hernández, Nélida Álvarez Febus, Linda Dumont Guzmán, Sandra Quiñones Pinto y Yomarys Ortiz González. Según un
comunicado de la FNDT, esos empleados “están defendiendo su derecho de Primera Enmienda reconocido en el caso Janus v. AFSCME del Tribunal Supremo de EE. UU. en 2018, el cual fue ganado por la Fundación”.
En Janus, el Tribunal Supremo sentenció que obligar a empleados del sector público a unirse o financiar un sindicato como condición de empleo viola la Primera Enmienda. Los jueces también declararon que las cuotas sindicales solo se pueden cobrar a los trabajadores del sector público que hayan renunciado voluntariamente a su derecho a no pagar.
Bajo las leyes de Puerto Rico y de muchos estados, los funcionarios sindicales están facultados a imponerle su “representación” a todos los empleados en un lugar de trabajo, incluso a aquellos que rechazan la afiliación sindical formal o
votan en contra de instalar un sindicato. Los trabajadores sujetos a este poder de monopolio no pueden negociar sus propias condiciones de empleo. En cambio, están obligados por la ley bajo el contrato de monopolio de talla única del
sindicato, a pesar de que tales contratos a menudo socavan los intereses de muchos trabajadores cubiertos, dice la Fundación.
Agrega que, aunque los tribunales han reconocido que tal “representación” sindical impuesta por el gobierno infringe sobre el derecho de los trabajadores a la libertad de asociación bajo la Primera Enmienda, hasta ahora han permitido la representación sindical forzada siempre y cuando los funcionarios sindicales no la utilicen para tomar parte en discriminación explícita, incluyendo a base de afiliación sindical formal, tal como está sucediendo con los empleados del Negociado de la Policía.
Según la demanda, los empleados demandantes son personas que no son miembros de ECO y han ejercido su derecho en virtud de Janus de poner fin a la afiliación sindical y detener las deducciones de cuotas sindicales. “Cuando ejercieron ese derecho en varios momentos después de la decisión de Janus de 2018, cada uno se percató de que tan pronto las cuotas dejaron de ser sustraídas de su paga, también dejaron de recibir un beneficio pago por el patrono de $25 al mes destinado a ayudar a los empleados a pagar el seguro médico”, se señala en la declaración escrita.
“[E]l Sindicato, a través de su presidente, Jorge Méndez Cotto, solicitó al Negociado que dejara de otorgar la aportación patronal adicional de $25 mensuales a cualquier miembro de la unidad colectiva que se opusiera a la afiliación [forzada]…”,dice la demanda.
“La política y la práctica …de negarle la aportación patronal adicional a los miembros de la unidad de negociación no unionados viola los derechos constitucionales de los empleados al coaccionarlos a unirse al Sindicato”, se insiste en la reclamación.
Los ocho trabajadores buscan un dictamen requiriendo que ECO y el Negociado dejen de retener el beneficio de salud de sus cheques de nómina y también que se les pague todo el dinero que se ha retenido ilegalmente bajo el esquema, más intereses. También exigen el mismo remedio para todos sus compañeros de trabajo que igualmente se abstuvieron de afiliarse al sindicato y a quienes en consecuencia se les ha negado el beneficio de salud.
