El Capitolio – Poniendo la lupa y el microscopio fijamente sobre el proceso de evaluación que utilizó el Departamento de Educación (DE) para el nuevo cierre de escuelas públicas, los senadores Luis Daniel Muñiz Cortés, del Distrito Mayagüez-Aguadilla, y José ‘Joito’ Pérez Rosa, del Distrito de Arecibo, radicaron la Resolución del Senado 692.
La medida legislativa “ordena a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico –presidida por Abel Nazario-, investigar todo lo relacionado con los criterios de evaluación y/o procedimientos utilizados por parte del DE para determinar qué escuelas serán cerradas”.
Aunque ambos legisladores reconocieron, en la pieza senatorial, que la crisis fiscal y el azote de los huracanes ‘Irma’ y ‘María’ “han tenido que ver directamente con la emigración de cientos de puertorriqueños a los Estados Unidos”, y, por ende, con la merma en el estudiantado en decenas de escuelas, también hicieron hincapié en que el DE “ha optado por cerrar escuelas”.
De acuerdo con la R. del S. 692, en el año 2017 el DE optó por cerrar 179 planteles escolares. “Los 27,431 estudiantes y 2,786 maestros afectados por el cierre de éstas, fueron reubicados en 197 escuelas receptoras… Según la secretaria del DE, Julia Keleher, para determinar qué escuelas serían consolidadas y cerradas, hubo una apertura a recibir propuestas de parte de las comunidades escolares. Sin embargo, fueron pocas las que se recibieron… Con estos cierres, la cantidad de escuelas se redujo a 1,113”, informó el proyecto senatorial.
No obstante, y a consecuencia de otra baja en la matrícula (de 38,000 estudiantes, comparado con el mes de mayo del año anterior), el 5 de abril de 2018 el DE anunció un nuevo cierre de centros educativos. O sea, de 283 planteles.
A pesar de que la Secretaria del DE enfatizó en que el cierre de las escuelas se basó en reuniones en las que se consultó con personal docente, al igual que con maestros, directores, estudiantes y padres, los senadores prestaron mucha atención a las declaraciones de la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, quien puntualizó que “45 de las escuelas que se van a clausurar, son catalogadas de excelencia académica”, por lo que radicaron la medida antes mencionada para comenzar, inmediatamente, con el proceso de investigación.
“EL DE aseguró que con el cierre de estas escuelas se podrá hacer mejor uso de los recursos fiscales de la agencia… La agencia tomó en consideración, según la Secretaria del DE, la matrícula estudiantil, el nivel de uso del plantel, las condiciones de la infraestructura, la ubicación de las escuelas con relación a la incidencia criminal, la distancia entre las escuelas, el aprovechamiento académico de los estudiantes y la disponibilidad de servicios para estudiantes de Educación Especial”, resumió la medida, con la que ambos legisladores buscan garantizar la transparencia a lo largo del proceso que lleva a cabo el DE.
