Bajo investigación de la Cámara la construcción de torre de telecomunicaciones en Guayanilla
Redacción El Sol de Puerto Rico
El Capitolio – 22 de mayo de 2023 – La Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste inició este lunes el proceso de vistas públicas para investigar el proyecto de construcción de una torre de telecomunicaciones en la carretera PR-335 del barrio Indios, en Guayanilla.
A la audiencia pública comparecieron el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la Junta de Planificación. No obstante, el DRNA fue la única agencia que entregó un memorial explicativo para el récord de la comisión cameral.
“Todos los incidentes que se pueden alegar sucedieron en función y posterior a la intervención legislativa que ya estaba en curso y que no voy a detener por ninguna razón. Nosotros tenemos un deber y una obligación de atender los asuntos que nos competen, y vamos a hacer lo propio”, expresó el presidente de la comisión, Ángel “Tito” Fourquet, al abrir los trabajos.
En una ponencia firmada por la secretaria Anais Rodríguez, el DRNA afirmó que su evaluación del proyecto concluyó que el lugar donde se pretende construir la torre de telecomunicaciones es un hábitat natural con bajo impacto de convertirse en hábitat esencial, hábitat de alto valor ecológico o hábitat de valor ecológico, según las categorías establecidas por la agencia.
La agencia explicó que este hábitat natural con bajo potencial se considera categoría 6 y no reúne las características de las categorías de hábitat anteriores. Esas categorías son: hábitat irremplazable (#1), hábitat esencial (#2), hábitat de alto valor ecológico (#3), hábitat de valor ecológico (#4) y hábitat natural con gran potencial de convertirse en hábitat esencial, de alto valor ecológico o de valor ecológico (#5).
Las obras de construcción de la torre están detenidas desde el pasado 10 de mayo luego de que el alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera Rodríguez, comunicó a la empresa proponente Elite Towers LLC que no podía continuar los trabajos debido a que no pagó los arbitrios y patentes municipales.
Además, tanto el Gobierno Municipal de Guayanilla como un grupo de vecinos de la comunidad radicaron por separado dos demandas para intentar detener la construcción de la torre en el sector San Germán. Entre los argumentos de ambas demandas se encuentran que el terreno donde se ubicará la torre es un humedal, por lo que no debe desarrollarse una construcción de ese tipo.
Resaltaron que la carretera PR-335 está a 60 o 70 pies de distancia y es la única vía de acceso a la comunidad y desalojo en caso de emergencia. Entretanto, el camino vecinal que conduce hacia las residencias queda a 30 o 40 pies de la torre. Según los parámetros de la Junta de Planificación, la torre deberá guardar 130 pies más el 10 por ciento de distancia de la residencia más cercana.
El director de la Oficina de Querellas de la Junta, Axel Pérez, indicó que, en este momento, no existe una querella abierta sobre la construcción de la torre. Informó que en noviembre de 2022 recibieron una querella sobre la alegación de la construcción de la obra de manera ilegal, pero, luego de visitar el terreno, la Junta determinó que no encontró ningún tipo de violación.
La directora de la División Legal de la OGPe, Edmée Zeidan, afirmó que la construcción motivo de controversia es una acción que se aplica al listado de exclusiones categóricas establecidas por el DRNA en la Orden Administrativa 2021-02, la cual facilitó el permiso para iniciar la obra.
El representante José “Cheito” Rivera Madera, quien en la madrugada del 10 de mayo fue arrestado durante una manifestación para impedir la continuación de los trabajos, refutó que el proyecto ya no es una estructura cuyo uso sea ministerial en la calificación donde ubica y tampoco es un construcción de obras de infraestructura e instalación de equipo o maquinaria.
“Ninguna de las dos (acciones) cumple para una exclusión categórica, según citado por el profesional autorizado”, puntualizó Rivera Madera. “Yo puedo adelantar que, obviamente, vamos a pedir a la Junta de Planificación y, si no, en el tribunal también, argumentar que esto no cualifica bajo una exclusión categórica”.
El representante Denis Márquez Lebrón, por su parte, impugnó la falta de cumplimiento con la Ley 89-2000, la cual establece la política pública para regular la proliferación de torres de telecomunicaciones en Puerto Rico por las implicaciones en el ambiente y la salud de las comunidades en las que se ubican.
“Hoy estamos con Guayanilla, pero esto pasa alrededor de todo Puerto Rico. Les invito a que cumplan con la propia declaración de política pública de la ley que estas construcciones crean desasosiego, y temor por la seguridad y la vida”, manifestó el legislador.
Presidente cameral solicita información al DSP
El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, realizó diversos requerimientos de información al Departamento de Seguridad Pública (DSP) para aclarar las circunstancias en las que la Policía acudió al área de construcción en la madrugada del 10 de mayo y posteriormente intervino con los manifestantes.
Entre ellos, solicitó que el DSP certifique a la comisión cameral si la Policía recibió una petición de brindar seguridad al área de construcción y de parte de quién; así como la evidencia de un permiso de construcción nocturno de Elite Towers LLC. De igual forma, solicitó conocer quién tomó la determinación en el Negociado de la Policía de activar a los efectivos para custodiar el proyecto.
“Esto va a tener repercusiones en el planteamiento de haber arrestado a un funcionario público de esta Cámara de Representantes. Lo que yo quiero es estar consciente de si en ese momento él estaba incumpliendo con la ley o era la compañía la que estaba incumpliendo con la ley”, dijo el líder cameral. “Que cada cual cumpla con su responsabilidad, pero para nosotros es bien importante que tengamos transparencia”.
