Ayudas agrícolas, un proceso corrompido y de despilfarro
Por: Agustín Muñoz/ Periódico El Sol de Puerto Rico
Ponce,31 de enero de 2025-La burocracia, falta de financiamiento, el supuesto favoritismo y otros factores en ocasiones se interponen en el progreso de muchos pequeños agricultores, particularmente los del centro de la isla. Algunos son arrojados de sus propiedades por el gobierno, a veces sin permitirles opciones.
Aunque existen otros, ese fue el caso de una anciana mujer que logró desarrollar el primer sistema de viveros hidropónicos en Puerto Rico, ubicado en barrio Bartolo de Lares, pero sufrió las consecuencias de la formación del grupo “Los 30 de Hidrovegetales”, promovido e incorporado por el Banco de Desarrollo de Puerto Rico, el Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA), subsidiaria de la Autoridad de Tierras, y el Departamento de Agricultura, informó Milton Candelario Serrano, hijo la perjudicada Iris Mirta Serrano.
Se basó en la “Ley para el Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias de Puerto Rico”, cuyo propósito fue organizar el sector hidropónico en secciones de producción agrícola de manera que recibieran servicios y
asistencia para acceder a los mercados de forma agrupada y beneficiosa.
El producto de ese esfuerzo se distribuye y vende en los supermercados de la isla. Sin embargo, una investigación realizada desde el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) hace varios años reveló que “el 22% de los agricultores
participantes tuvo muy malas experiencias”.
“Estos alegan que dicho programa ha sido en extremo corrompido y es el modo operativo en que un grupo de personas se ha lucrado y ha despilfarrado fondos que muy bien pudieron haber sido utilizados a favor del sector. Estas malas experiencias para muchos incluyeron pérdidas por el hurto de productos entregados en la planta, además de miles de dólares en mercancía vendida por la planta que nunca fue cobrada por los productores”, recogió la investigación.
En el caso de la señora Serrano, ocurrido en 2018, la agricultora perdió su finca y su casa tras diferencias con su exesposo que provocó atrasos en los pagos a las entidades prestatarias del gobierno. En el proceso de divorcio, la mujer se enteró que su expareja había logrado acuerdos con esas entidades sin su consentimiento traspasando los viveros al Banco de Desarrollo. Según Carrasquillo, el individuo se había negado a pagar el préstamo para la operación de los viveros.
Varios meses después, la señora Serrano recibió una comunicación del Banco de Desarrollo advirtiéndole que debía satisfacer la suma de $157 mil por concepto del atraso en el pago de los viveros de su exmarido y el resto de la finca. Mientras, Serrano continuó cumpliendo con los pagos de la hipoteca de su vivienda y el resto de la finca a otras entidades privadas sin percatarse también que el Banco de Desarrollo había adquirido esas hipotecas.
En la notificación del banco se dio un plazo para cubrir la deuda o de lomcontrario le sería quitada toda la propiedad. Carrasquillo Serrano dijo que la entidad gubernamental se negó a aceptarles un plan de pagos para cumplir con la deuda. Asimismo, un funcionario del banco gubernamental declinó que la agricultora le traspasara los viveros, mediante venta, a otros agricultores interesados en comprar.
La investigación de este complejo caso realizada por este medio descubrió supuestas influencias indebidas de hacendados de la zona de Lares cuya pretensión fue despojar a la anciana de su finca y adquirirla mediante conexiones políticas en el Partido Nuevo Progresista (PNP) dentro del gobierno.
En la negociación con el Banco de Desarrollo surgió un Acuerdo de Entendimiento con FIDA para saldar la deuda y poner en marcha nuevamente los viveros. Como parte del proceso, dijo Carrasquillo Serrano, una funcionaria de alto rango de FIDA junto a otros empleados visitó la finca en Lares y quedó impresionada con el lugar.
Carrasquillo Serrano juró que la supuesta funcionaria les indicó que “quería esa finca para un amigo”. Desde aquel momento, el trámite confrontó obstáculos en FIDA y según Carrasquillo Serrano, notaron que el Acuerdo de Entendimiento firmado por la señora Serrano había sido alterado en contra de su progenitora. El supuesto documento fue utilizado en el foro judicial para tramitar la ejecución de la finca del barrio Bartolo.
La lucha por mantener la titularidad de la finca provocó que la agricultora de Lares enfermara. Fue diagnosticada con cáncer. Aun así, la mujer siguió dando la batalla, pero sin éxito. Han pasado varios años y lo que pudo ser un exitoso sistema hidropónico, hoy son cuerdas de una finca perdida en las montañas de Lares.
