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Santo Domingo, RD / 13 de julio de 2022 – La Dirección General de Migración de la República Dominicana, informó que 48,594 indocumentados haitianos han sido deportados en el primer semestre de este año, luego de que fueran detenidos en operativos realizados en todo el territorio nacional, incluyendo los diferentes puntos turísticos y pasos fronterizos del país.
De acuerdo con los datos ofrecidos, los extranjeros fueron devueltos a Haití por personal del Departamento de Control Migratorio ya que se encontraban en el país ilegalmente.
Las mismas estadísticas señalan que los meses en que se registró la mayor cantidad de repatriaciones fueron junio (9,176), marzo (8,466) y mayo (8,407).
Las intervenciones se enfatizaron en las provincias Azua, Barahona, Duarte, San Francisco de Macorís, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Montecristi y la línea fronteriza entre las tierras vecinas.
También fueron intervenidas las provincias Juan Sánchez Ramírez, Santiago de Los Caballeros, Santiago Rodríguez, Santo Domingo (municipios Este, Oeste y Norte), San José de Ocoa, Valverde y el Distrito Nacional, La Altagracia (Bávaro, Punta Cana), entre otras.
Los deportados, en su mayoría son trabajadores de la construcción y zonas agrícolas y residían territorio dominicano sin ningún documento, ni estatus de legalidad de las autoridades de Migración.
La Dirección General de Migración aseguró que los operativos de detección de extranjeros indocumentados, de todas las nacionalidades, se realizaron en el marco del cumplimiento de la ley y respetando los derechos humanos de los ciudadanos.
Aunque las repatriaciones de haitianos son frecuentes, algunos se la ingenian para retornar a República Dominicana atravesando puntos de la frontera no vigilados por los militares del Ejército que conforman el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).
Se ha denunciado en varias ocasiones que este constante ingreso al país es auxiliado por organizaciones que se dedican a la trata de personas, integradas por dominicanos y haitianos, quienes cobran determinadas sumas de dinero en complicidad con algunos militares e inspectores de Migración que prestan servicios en los puestos de vigilancia establecidos en las carreteras.
