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San Juan, PR / 14 de julio de 2021 – La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) reconoció que un aumento de sueldo de 200 dólares mensuales prometidos para los alguaciles y otros empleados de la Rama Judicial de Puerto Rico no fue contemplado en el plan fiscal 2021-2022, que entró en vigor el 1 de julio.
Las declaraciones de la agencia surgieron durante una audiencia pública ayer de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes para atender el proyecto de la Cámara 504, que persigue incluir a los alguaciles adscritos a la Rama Judicial como servidores públicos de alto riesgo en el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno.
La licenciada Giselle Rosa González, portavoz de la OAT, explicó que el Poder Judicial hizo el acercamiento a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que el aumento de sueldo se incluyera en el presupuesto vigente, pero el ente fiscal no aprobó la cantidad necesaria.
A preguntas del representante Domingo Torres García, quien preside la Comisión de Asuntos Labores, la funcionaria admitió que los empleados no han sido notificados de que el aumento no será efectuado.
El legislador requirió que la OAT envíe hoy una comunicación escrita a los trabajadores para que tengan conocimiento de la situación.
“Los empleados no lo saben. Ellos esperaban en esta quincena ese aumento de 200 dólares. Le voy a pedir que les notifique a los empleados que el aumento no va”, exigió Torres García.
En la primera audiencia pública sobre la medida, un grupo de alguaciles indicó a la comisión cameral que hace diez años estos funcionarios no reciben un aumento de sueldo.
Actualmente, el sueldo base de los cerca de 750 alguaciles que componen la Rama Judicial es de 1,720 dólares mensuales.
Los alguaciles de la Rama Judicial también reclamaron que no se beneficiaron de un incentivo de 2,000 anunciado el pasado año como parte de las ayudas económicas en medio de la pandemia.
Según los trabajadores, la Rama Judicial recibió el dinero, pero solo un aproximado de 60% de los alguaciles recibió el incentivo.
En su testimonio, el alguacil auxiliar Celso Fuentes, adscrito a la región de Aibonito, informó que la mayoría solo obtuvo 400 dólares y una “ínfima parte” recibió el dinero en su totalidad.
No obstante, González dijo hoy que el incentivo fue otorgado a los empleados de la Rama Judicial que trabajaron presencialmente durante el cierre del gobierno por el Covid-19.
La portavoz mencionó que la ayuda económica se distribuyó de acuerdo con las horas trabajadas presencialmente por los empleados desde el inicio de la emergencia en marzo de 2020.
“A partir de 7.5 horas laborables durante ese periodo, se honró ese trabajo. A medida que mayor trabajo presencial llevó a cabo el empleado, mayor el incentivo hasta el tope de 2,000 dólares”, sostuvo González.
En cuanto al proyecto 504, la OAT se expresó a favor de considerar a los alguaciles como servidores públicos de alto riesgo merecedores de los beneficios de jubilación que disfrutan otros funcionarios del orden público.
Según la licenciada, 88 alguaciles se beneficiarían de la aplicación de la ley, lo cual forma parte de un reclamo continuo de parte de estos funcionarios.
La pieza legislativa busca enmendar el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno para disponer que estos funcionarios puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los 55 años de edad y 30 años de servicio.
