De la AEE a Washington: millones, cabilderos y conexiones de poder
𝐼𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖́𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑥𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎
Por Agustín Muñoz
El Sol de Puerto Rico
Ponce, PR (11 de septiembre de 2026) – Durante varias décadas, el servicio de energía eléctrica en Puerto Rico ha estado marcado por controversias y alegados actos de corrupción. Estos problemas han tenido efectos profundos en la infraestructura, los costos y la administración de las utilidades públicas. Y, como consecuencia, el abandono y deterioro de las estaciones generatrices
gubernamentales, el aumento continuo en los costos del servicio eléctrico y la privatización de esas utilidades públicas esenciales.
El escándalo más reciente ha sido el sospechoso contrato de energía temporal ascendente a $5.9 billones que involucra a más de una compañía estadounidense y a una de capital puertorriqueño. El gobierno anuló ese contrato multimillonario luego de supuestas irregularidades y presunto engaño.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) abrió una línea de investigación encaminada hacia las personas y entidades que pudieron haber intervenido en las gestiones relacionadas con el contrato. En particular, solicitó identificar a cabilderos, abogados, consultores e intermediarios, así como precisar su posible pago y el vínculo de esa remuneración con la aceptación o continuidad del acuerdo.
El futuro energético de Puerto Rico no se decide únicamente en La Fortaleza, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) o el Negociado de Energía. También se debate en Washington, donde coinciden intereses públicos y privados con capacidad de influir en decisiones clave. En ese escenario participan, no solo el gobierno de la isla y sus consultores, sino corporaciones privadas, firmas legales y cabilderos con acceso a foros federales. La pugna gira en torno a contratos, fondos federales, regulación y política pública. Cada una de esas áreas puede incidir directamente en proyectos
y decisiones capaces de mover miles de millones de dólares vinculados al sistema eléctrico de Puerto Rico.
Es por lo anterior que analistas, políticos y otros conocedores locales del tema apuntan al posible involucramiento de cabilderos de firmas de Estados Unidos relacionadas con el sector de la infraestructura energética. La interrogante de muchos es quién está tratando de influir en las decisiones federales que determinan el futuro energético de Puerto Rico, para quién trabaja, cuánto cobra y qué intereses económicos están detrás.
Este medio rebuscó en el registro de actividades de cabildeo en donde aparecen empresas que tienen o han tenido intereses económicos directos en la infraestructura eléctrica, generación, combustibles, recuperación de fondos y energía renovable.
Una de esas firmas es Navigators Global, desde enero de 2025, representando a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) en asuntos como infraestructura energética, resiliencia del sistema eléctrico y respuesta a desastres, además del estatus político. Los cinco cabilderos registrados inicialmente para AAFAF fueron identificados como Cesar Conda, Ryan Berger, Sarah Rogers, Natalie Enclade y Jim Carter. Ese documento registra que Conda fue jefe de personal del senador Marco Rubio y asistente de política doméstica del vicepresidente Dick Cheney; Berger trabajó en oficinas senatoriales; Rogers fue jefa de personal de un congresista; Enclade tuvo experiencia en FEMA y en la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor; y Carter trabajó en puestos económicos del Senado, el Departamento del Trabajo y el Tesoro.
Los registros federales muestran que algunos cabilderos no son simplemente abogados. También aparecen personas con experiencia previa en el Congreso. En otros grupos aparecen exfuncionarios federales y legislativos.
Una segunda firma identificada es Continental Strategy, LLC., contratada por AAFAF el 24 de marzo de 2025. Los cabilderos inicialmente registrados fueron Carlos Trujillo, exembajador de Estados Unidos ante la OEA y Chris Miles, exsubjefe de personal del entonces congresista Carlos Curbelo. La función de ambos es en servicios de relaciones gubernamentales y defensa de intereses. En 2026 se agrega a Craig Carbone e Ivan Rodríguez-Seda. Se identifica a Carbone como exjefe de personal del senador republicano Rick Scott.
El registro federal mencionado muestra también que Michael Best Strategies LLC se registró para representar a AAFAF el 23 de septiembre de 2025.
Un experto que pidió anonimato cuestionó por qué AAFAF contrató varias firmas de Washington en un mismo año con el aparente mismo propósito.
Antes de 2025, la firma King & Spalding registró a la AEE como cliente en gestiones de cabildeo federal. Según el registro federal, la firma reportó $200 mil en honorarios de cabildeo durante el primer trimestre de 2019. Esas gestiones se realizaron ante el Senado de Estados Unidos, la Cámara de Representantes, la Comisión Federal Reguladora de Energía de Estados Unidos, la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).
Los contratos y documentos de la AEE identifican a Steven M. Kupka, socio de King & Spalding, como representante de la corporación pública. Kupka también ha sido vinculado públicamente con los exgobernadores Ricardo Rosselló y Luis Fortuño.
Fuentes consultadas sostienen que el negocio energético no se limita necesariamente a la venta de electricidad. También puede concentrarse en otras áreas estratégicas como contratos de combustible, proyectos de infraestructura, acceso y manejo de fondos federales, financiamiento para obras y operaciones, participación en la reconstrucción del sistema eléctrico y trámites regulatorios clave.
En ese contexto, el cabildeo adquiere un valor económico significativo, porque puede facilitar acceso, influencia y posicionamiento en decisiones que afectan el futuro energético de Puerto Rico.
