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La Asociación de Alcaldes cuestiona distribución de $4.7 millones de fondos de máquinas de juegos de azar

La Asociación de Alcaldes cuestiona distribución de $4.7 millones de fondos de máquinas de juegos de azar
Redacción el Sol de PR
(25 de junio de 2026) – La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico expresó su preocupación por la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 195, que dispone la distribución de $4.7 millones provenientes de los ingresos generados por las máquinas de juegos de azar entre diez municipios, al entender que no se han explicado públicamente los criterios utilizados para determinar dicha asignación.
El presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge González Otero, cuestionó que la medida no detalle los parámetros empleados para seleccionar a los municipios beneficiados.
“Nos preocupa profundamente que no se hayan presentado los parámetros utilizados para seleccionar a los municipios beneficiados. Los fondos de las máquinas de juegos de azar se generan en todo Puerto Rico y, por consiguiente, el País merece conocer qué metodología se utilizó para determinar quiénes recibirían estos recursos y quiénes quedarían excluidos”, expresó González Otero.
El líder municipal sostuvo que la resolución no establece criterios relacionados con la población, los niveles de pobreza, la situación fiscal de los municipios, la cantidad de máquinas de juegos de azar ubicadas en cada pueblo ni el nivel de ingresos que cada municipio aporta al fondo.
“Resulta igualmente llamativo que, de los 41 municipios que integran la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, no se haya incluido ni uno solo en la distribución anunciada. Esa realidad hace aún más necesario que se expliquen de manera transparente los fundamentos que sirvieron de base para esta determinación”, añadió.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes, Verónica Rodríguez Irizarry, solicitó que se haga pública la información relacionada con la operación de las máquinas de juegos de azar en Puerto Rico.
“Solicitamos un desglose detallado por municipio que incluya cuántas máquinas de juegos de azar operan en cada pueblo, cuánto dinero generan y cuál es la aportación de cada municipio al fondo que hoy se está distribuyendo. Esa información es indispensable para que el pueblo pueda evaluar si la distribución realizada responde a criterios objetivos y equitativos”, expresó Rodríguez Irizarry.
La Asociación informó que presentó un requerimiento formal, al amparo de la Ley 141-2019, Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda para obtener esa información.
“Hemos cursado un requerimiento formal, al amparo de la Ley 141-2019, Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Departamento de Hacienda, para que se haga público un desglose por municipio que incluya cuántas máquinas de juegos de azar operan en cada pueblo, cuánto dinero generan y cuál es la aportación de cada municipio al fondo que hoy se distribuye. Esa información es indispensable para que el pueblo pueda evaluar si la distribución responde a criterios objetivos y equitativos”, señaló la directora ejecutiva.
La Resolución Conjunta del Senado 195 dispone asignaciones de $450,000 para los municipios de Aguas Buenas, Yauco, Corozal, Aibonito, Barranquitas y Maunabo; $300,000 para Cidra y Orocovis; y $714,000 para Guayanilla y Las Marías.
González Otero sostuvo que la administración de los recursos públicos debe realizarse con total apertura hacia la ciudadanía.
“Los recursos públicos deben administrarse con absoluta transparencia y bajo criterios claros y verificables. La confianza de los ciudadanos en las instituciones se fortalece cuando las decisiones relacionadas con la distribución de fondos públicos pueden explicarse y justificarse de manera objetiva”, concluyó.
La Asociación de Alcaldes reiteró que los municipios, independientemente de su tamaño o composición política, enfrentan importantes retos fiscales y continúan siendo la primera línea de respuesta en la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía.

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