LUMA presenta contrademanda contra el Gobierno y advierte sobre costos millonarios por cancelación de contrato
𝐿𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑎𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑑𝑟𝑖́𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑟𝑙𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑏𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑅𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 $4,500 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑙𝑒́𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜
Por Yasinia Rodríguez Sepúlveda / El Sol de PR
(23 de junio de 2026) – LUMA Energy anunció hoy martes la presentación de reclamaciones y una contrademanda contra las acciones legales radicadas por el Gobierno de Puerto Rico para poner fin a su contrato de operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica de la isla.
En un comunicado, la empresa sostuvo que su decisión surge luego de que la jueza federal Laura Taylor Swain ordenara devolver los casos a los tribunales locales. LUMA alegó que la administración gubernamental ha utilizado su poder “de manera ilegal” para intentar cumplir una promesa de campaña relacionada con la cancelación del contrato.
La compañía acusó al Gobierno de que “en su empedernido afán de ganar las elecciones han actuado con mala fe, dolo intencional y de manera temeraria en total detrimento del interés público”, argumentando que las demandas carecen de mérito y contradicen decisiones tomadas previamente por la propia administración, incluyendo la extensión del contrato suplementario de LUMA en 2022.
Según la empresa, la cancelación del acuerdo representaría un costo mínimo de $4,500 millones para Puerto Rico en daños y gastos operacionales. Asimismo, señaló que acciones de carácter político como esta fueron parte de los factores que contribuyeron a la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
LUMA también advirtió que la terminación de su contrato podría provocar serias consecuencias para la operación del sistema eléctrico. Citó señalamientos previos de la Junta de Supervisión
Fiscal y otras partes involucradas en el proceso de quiebra de la AEE, que han alertado sobre posibles interrupciones operacionales, riesgos para la estabilidad de la red y la pérdida de acceso a fondos federales.
“La obstinación del Gobierno en continuar con un pleito sin sentido no solo coloca en inminente riesgo a nuestros clientes, el pueblo de Puerto Rico, sino que pone en entredicho la credibilidad de esta administración ante el sector privado global. No puede existir crecimiento ni desarrollo económico si empresas que hacen negocios en la Isla son convertidos en daño colateral de una guerra político-partidista que afecta los principios más básicos de la contratación gubernamental”, expresó la empresa.
LUMA Energy sostuvo además que no se ha presentado una alternativa concreta para asumir de manera segura la operación y el mantenimiento del sistema de transmisión y distribución eléctrica. La empresa destacó el trabajo realizado por sus más de 4,000 empleados durante los últimos cinco años para reconstruir y fortalecer la red eléctrica del país.
La compañía indicó que continuará defendiendo en los tribunales su permanencia como operador del sistema mientras mantiene sus esfuerzos de modernización de la infraestructura eléctrica y la prestación de servicios a cerca de 1.5 millones de clientes en Puerto Rico.
