PPD presiona por expediente completo en caso de contrato millonario vinculado a secretaria de la Familia
Redacción el Sol de PR
San Juan, PR (15 de abril de 2026) – Un nuevo caso de contratos vuelve a encender las alarmas en el Senado Puerto Rico: el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, anunció que ha solicitado formalmente información al Departamento de Justicia de Puerto Rico para investigar un contrato de $60,000 mensuales vinculado a la actual secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.
El señalamiento apunta a hechos ocurridos en 2022, cuando Roig Fuertes se desempeñaba en el Departamento de Salud de Puerto Rico. Según explicó Hernández Ortiz, “Han trascendido públicamente unos hechos relacionados con la actual secretaria del Departamento de la Familia, quien en el 2022, siendo directora de la Unidad de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud (DS), gestionó un contrato de $60,000 dólares mensuales para el cuidado de un solo participante. De hecho, el dueño del hogar que recibió dicho contrato expresó que previo al otorgamiento del mismo, se le indicó que tenía que contratar a una empresa particular para que proveyera servicios de seguridad”.
El caso, según la información disponible, escaló cuando el dueño del hogar acudió a las autoridades para formalizar una denuncia sobre la alegada intervención de la funcionaria. Esto provocó una investigación interna en el
Departamento de Salud que culminó con la salida de Roig Fuertes de su cargo y un referido posterior al Departamento de Justicia.
Sin embargo, el expediente tomó otro rumbo. El 30 de octubre de 2025, Justicia archivó el caso al concluir que no existían elementos suficientes para procesar criminalmente. Para ese momento, Roig Fuertes ya ocupaba la jefatura del Departamento de la Familia. Aun así, el proceso levanta cuestionamientos. “Lo que llama la atención es que quienes estuvieron involucrados en este caso, alegan no haber sido entrevistas en ningún momento por personal del Departamento de Justicia como parte de la investigación”, expuso Hernández Ortiz.
Ahora, el enfoque está en lo que no se investigó o lo que pudo quedar fuera. El senador sostiene que cuando Roig Fuertes fue evaluada por el Senado, la pesquisa seguía activa, lo que añade un elemento de peso al debate público.
La solicitud presentada exige que el Departamento de Justicia, encabezado por la licenciada Lourdes Gómez Torres, entregue en un plazo de tres días laborables copia completa del expediente. Esto incluye declaraciones juradas, contratos, correos electrónicos y cualquier documento relevante, así como el informe de la División de Integridad Pública que sustentó la decisión de archivar el caso.
Se avecina un nuevo capítulo entre el Senado y la Fortaleza donde la transparencia y la rendición de cuentas vuelven a estar en el centro de la discusión pública.
