DACO crea alianzas para fortalecer la protección de los consumidores de la Edad Dorada
Redacción el Sol de PR
San Juan, PR (5 de marzo de 2026) – Ante el aumento sostenido de prácticas engañosas y esquemas de fraude dirigidos a personas mayores de 50 años, el Gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), se unió a AARP Puerto Rico y a entidades del sector financiero para anunciar una iniciativa especial dirigida a reforzar la protección de los consumidores de 50 años o más.
Por su impacto y presencia en la actividad económica de la isla, la población mayor de 50 años se ha convertido en un blanco frecuente de fraudes financieros, esquemas digitales y prácticas comerciales engañosas, una tendencia que continúa en aumento. Esta alianza interagencial y multisectorial busca promover la educación, prevención y acción concreta para salvaguardar la seguridad financiera y los derechos de este importante sector de la población.
“La gobernadora Jenniffer González Colón ha impulsado múltiples medidas dirigidas a proteger a nuestros adultos mayores. Como parte de ese compromiso y para dar continuidad a estos esfuerzos, hoy desde el DACO fortalecemos las acciones de fiscalización del Gobierno mediante esta alianza con José R. Acarón, director estatal de AARP Puerto Rico; Dahlia Torres, directora ejecutiva de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico (ASEC); la licenciada Mónica Rodríguez Villa, comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF); y la licenciada Zoimé Álvarez Rubio, presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico”, expresó Montalvo.
Esta alianza busca reforzar la orientación sobre prácticas financieras seguras, prevenir esquemas fraudulentos dirigidos a adultos mayores y promover una mayor coordinación entre el sector público y privado para atender querellas y situaciones que puedan afectar a esta población.
Asimismo, se anunció que las agencias y organizaciones participantes desarrollarán campañas educativas, iniciativas de orientación comunitaria y esfuerzos conjuntos de fiscalización dirigidos a proteger los derechos de los consumidores de mayor edad.
