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Se caldean los ánimos en la Vocacional de Ponce en apoyo a la directora Madeline Figueroa

Se caldean los ánimos en la Vocacional de Ponce en apoyo a la directora Madeline Figueroa
𝘝𝘪𝘴𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘦 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘰𝘳𝘥𝘦𝘯 𝘫𝘶𝘥𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭, 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘥𝘦 𝘧𝘶𝘯𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘳𝘪𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘖𝘙𝘌 𝘗𝘰𝘯𝘤𝘦 𝘺 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘧𝘦𝘴𝘵𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘥𝘦 𝘱𝘢𝘥𝘳𝘦𝘴 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘴𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘯 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘢 𝘦𝘴𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳
Por Yasinia Rodríguez Sepúlveda / El Sol de PR
Ponce, PR (23 de febrero de 2026) – La comunidad escolar de la Escuela Vocacional Bernardino Cordero Bernard, en Ponce, se encuentra en medio de una controversia tras la visita de la directora, Madeline Figueroa al plantel para recoger pertenencias personales con una autorización judicial, situación que derivó en denuncias de intimidación, cuestionamientos al proceso administrativo en su contra y una manifestación organizada por padres y madres.
De acuerdo con un escrito suministrado por una seguidora a este medio, el conflicto surge luego de que el Departamento de Educación de Puerto Rico iniciara un proceso administrativo contra la directora, el cual la fuente sostiene que “fue fabricado sin una justificación clara y transparente”.
Según el relato, la funcionaria acudió al plantel “en cumplimiento de una orden judicial que le autorizaba recoger sus pertenencias personales dentro del plantel escolar”. No obstante, se alega que durante su presencia “múltiples funcionarios de la ORE Ponce ingresaron a la escuela… creando un ambiente de tensión e intimidación innecesario”.
“Entre las personas presentes se encontraban el funcionario Sr. Felipe Velázquez, la Sra. Heidi Sedeño, Maria de los Ángeles Piris Grau, así como la Sra. Maricely Ortiz, secretaria del exdirector regional. Además, estuvo presente el director provisional actualmente designado, Sr. Calderón.”, lee el comunicado.
El documento también menciona “la presencia de más de cinco funcionarios de la ORE, quienes mantuvieron actitudes restrictivas e intimidantes hacia estudiantes y maestros, impidiendo que estos se acercaran o dialogaran con la directora”.
“Cabe señalar que el personal escolar mantenía la expectativa de que, tras los recientes cambios administrativos ocurridos a nivel regional dentro del Departamento de Educación -incluyendo la salida del Sr. Ramón Pagan y el nombramiento de la Sra. María de Ángeles Piris Grau en funciones administrativas regionales- se produjeran mejoras en el clima institucional y en la gestión de situaciones escolares. Sin embargo, la percepción de la comunidad escolar es que las prácticas observadas continúan siendo iguales o incluso más restrictivas y conflictivas, afectando negativamente la estabilidad emocional y profesional del personal y el ambiente educativo de la escuela.”
Asimismo, se informó que “la directora informó que no logró localizar su cartera personal, situación que provocó la intervención de la Policía de Puerto Rico dentro del plantel escolar”.
Entre las denuncias más delicadas figura el alegado trato hacia docentes. La comunicación sostiene que “varios maestros fueron amenazados con la redacción de informes administrativos y expulsados de sus áreas de trabajo”, generando “un ambiente de hostigamiento laboral y coacción hacia el personal docente”.
En paralelo, padres, madres y miembros de la comunidad escolar informaron que organizaron una manifestación con una “tumba coco” hoy lunes 23 de febrero en los predios del plantel como muestra de respaldo a la
directora. En su mensaje, expresaron que “entendemos que se ha cometido una injusticia al remover a nuestra directora de su puesto sin una justificación clara, justa ni transparente”, lo que ha provocado “indignación y preocupación dentro de toda la comunidad educativa”.
Los padres destacaron además que la directora “ha demostrado compromiso, liderazgo y entrega hacia el desarrollo académico y humano de nuestros hijos e hijas”, por lo que decidieron “alzar nuestra voz de manera pacífica para exigir respeto, claridad y justicia”. La comunidad subrayó que “esta actividad será realizada de manera organizada, respetuosa y pacífica”, insistiendo en que “la comunidad escolar no guarda silencio cuando se comete una injusticia”.
El escrito también plantea que los hechos podrían constituir “un posible incumplimiento de la Ley 85 de Reforma Educativa de Puerto Rico”, por lo que solicita una investigación objetiva que garantice los derechos de la comunidad escolar.
Hasta el momento, el Departamento de Educación no ha emitido una reacción oficial sobre los señalamientos.

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