Senado busca frenar construcciones ilegales
Redacción el Sol de PR
San Juan, P.R. (4 de noviembre de 2025) – La Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo, presidida por el senador Héctor “Gaby” González López, celebró una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 744 (P. del S. 744), presentado por el senador Eliezer Molina, que busca establecer sanciones a las plantas de concreto que suministren materiales a obras sin los permisos correspondientes.
El objetivo del proyecto es frenar la proliferación de construcciones informales y proteger tanto el entorno como la seguridad de los ciudadanos. “La Comisión está comprometida con el fin loable de la medida, que es proteger el ambiente, la seguridad y los ciudadanos, y combatir la construcción sin los debidos permisos”, aseguró González López.
Durante la audiencia, representantes de agencias gubernamentales, gremios profesionales y la industria de la construcción coincidieron en la importancia de combatir las obras ilegales, pero señalaron desafíos prácticos para implementar la medida. Entre ellos, advirtieron que delegar la fiscalización de permisos a empresas privadas de concreto podría ser inapropiado y difícil de ejecutar, dado que estas carecen de la autoridad, los recursos y los medios necesarios para validar permisos emitidos por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) o los municipios.
Tanto el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) como la OGPe enfatizaron que las nuevas funciones propuestas generarían gastos adicionales y demandarían recursos humanos y tecnológicos que actualmente no poseen. Por su parte, la industria de la construcción alertó sobre posibles repercusiones económicas, aumento de costos operacionales y la creación de burocracia que podría retrasar la inversión y la reconstrucción en la isla.
“El objetivo de erradicar la construcción informal es una prioridad ineludible. Ahora nuestro enfoque es colaborar con el sector público y privado para mejorar la medida legislativa en consenso y con un mismo fin”, indicó González López. La Comisión continuará evaluando los comentarios recibidos y convocará próximamente a la Asociación Puertorriqueña del Concreto (APC) y otras entidades para explorar alternativas conjuntas que permitan cumplir con la fiscalización sin afectar la operación del sector.
