Solicitan Intervención de la Junta de Control Fiscal ante Expansión de Máquinas Tragamonedas en el Hipódromo Camarero
Redacción El Sol de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico/ 12 de noviembre de 2024 – El presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, José J. Taboada de Jesús, solicitó la intervención urgente de la Junta Federal de Control Fiscal y su director ejecutivo, Robert F. Mujica, para detener la solicitud del Hipódromo Camarero de aumentar a 15 el número de terminales de máquinas tragamonedas en cada una de sus agencias hípicas. Taboada de Jesús expresó su rotundo rechazo a esta medida, argumentando que beneficiaría a la empresa Light & Wonder y al Hipódromo sin aportar al Departamento de Hacienda.
“Estamos en total desacuerdo con la solicitud de aumentar el número de terminales en cada agencia hípica. Esta acción no solo afecta al Fondo del Sistema de Retiro para los Policías, sino que también permitiría la evasión contributiva legalizada por parte de los dueños del hipódromo”, afirmó Taboada de Jesús.
En un extenso “Memorial Explicativo”, el líder policial señaló que los propietarios del Hipódromo Camarero han presionado a los legisladores para lograr legislación favorable a sus intereses, permitiéndoles operar hasta 5,000 máquinas tragamonedas, de las cuales actualmente funcionan unas 3,500. También criticó la intención de expandir a 50 minicasinos y de solicitar más máquinas, lo que según él, crea una fuga millonaria de contribuciones que no se destinan al sistema de retiro de los policías.
Taboada de Jesús también advirtió que el Hipódromo está planeando aumentar los premios en sus tragamonedas exentas de arbitrios, lo que considera un acto no regulado por la Comisión de Juegos. “Es necesario que la Junta Federal de Control Fiscal intervenga y pida a la nueva Asamblea Legislativa que imponga una contribución de al menos el 22% a la operación de todas las tragamonedas del Hipódromo”, concluyó, haciendo un llamado a la clase trabajadora, maestros, bomberos y policías para detener lo que considera un privilegio injusto para una empresa privada que afecta a los fondos públicos.
