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San Juan, 4 de agosto de 2022 – La exgobernadora Wanda Vázquez Garced se arriesga a cumplir hasta 20 años de cárcel, luego de ser acusada por un gran jurado federal de siete cargos por soborno y corrupción pública.
Los otros dos acusados a nivel federal son el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI, Mark Rossini.
Según la acusación federal, desde diciembre de 2019 hasta junio de 2020, la exgobernadora, de 62 años, supuestamente participó en un plan de soborno con varias personas, entre Herrera Velutini, Rossini, Frances Díaz y John Blakeman para financiar la campaña electoral para la gobernación de Vázquez Garced en 2020.
Herrera Velutini, de 50 años, con doble nacionalidad venezolana e italiana y residente en Londres (Reino Unido), era propietario de un banco internacional que operaba en San Juan. Díaz, de 50 años, de Puerto Rico, era director general y presidente del banco internacional propiedad de Herrera Velutini.
Rossini, de 60 años, de Madrid, España, era un antiguo agente especial del FBI que prestaba servicios de consultoría a Herrera Velutini. Blakeman, de 53 años, de Puerto Rico, es un consultor político que trabajó en la campaña de Vázquez Garced en 2020.
Según la acusación, a partir de 2019, el banco de Herrera Velutini (Bancrédito) fue objeto de un examen por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico, agencia reguladora que supervisa las instituciones financieras que operan en Puerto Rico.
A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini supuestamente prometieron proporcionar fondos para apoyar la campaña electoral de Vázquez Garced a cambio de que Vázquez Garced cesara al comisionado de la OCIF y nombrara a un nuevo comisionado seleccionado por Herrera Velutini.
La acusación señala que Vázquez Garced aceptó la oferta de soborno y, en febrero de 2020, tomó medidas oficiales para exigir la renuncia del comisionado A de la OCIF y, en mayo de 2020, para nombrar al comisionado B -un ex consultor del banco internacional propiedad de Herrera Velutini- y que había sido seleccionado personalmente por el banquero.
A cambio, Herrera Velutini y Rossini supuestamente pagaron más de 300 mil dólares a consultores políticos en apoyo de la campaña de Vázquez Garced.
“El presunto esquema de soborno se elevó a los niveles más altos del gobierno de Puerto Rico, amenazando la confianza pública en nuestros procesos electorales e instituciones de gobierno”, opinó el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr., de la División Criminal del Departamento de Justicia.
“Las acciones criminales de los acusados en este caso golpean el corazón de nuestra democracia y erosionan aún más la confianza de nuestros ciudadanos en sus instituciones de gobierno”, dijo en tanto el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
La acusación también alega que, tras la derrota de Vázquez Garced en las primarias de agosto de 2020, Herrera Velutini trató de sobornar a su sucesor, el funcionario público A, ofreciéndole financiación en apoyo de la campaña del funcionario público A, a cambio de que el funcionario público A pusiera fin a la auditoría del banco de Herrera Velutini por parte de la OCIF en condiciones favorables para el banquero.
Según la acusación, entre abril de 2021 y agosto de 2021, Herrera Velutini supuestamente utilizó a intermediarios para transmitir su oferta de soborno a un testigo que se hizo pasar por representante del funcionario público A, pero que en realidad actuaba bajo la dirección del FBI.
Como se señala en la acusación, el testigo actuaba bajo la dirección del FBI durante este período y no actuaba realmente como intermediario o en nombre del funcionario público A. En agosto de 2021, Herrera Velutini supuestamente dirigió un pago de 25 mil dólares a un comité de acción política asociado con el funcionario público A, con el entendimiento y la expectativa de que el funcionario público A resolvería la auditoría de OCIF del banco de Herrera Velutini de la manera solicitada por el venezolano.
Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini están acusados cada uno de ellos de conspiración, soborno de programas federales y fraude electrónico de servicios honestos.
Si son declarados culpables de todos los cargos, cada uno enfrenta a una pena máxima total de 20 años de prisión. Un juez del tribunal federal de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar las directrices de sentencia de EE.UU. y otros factores estatutarios.
“La corrupción pública se manifiesta de muchas maneras diferentes. Aquellos que se dedican a esta conducta ilegal a menudo creen que están por encima de la ley o se engañan a sí mismos creyendo que se trata de un delito sin víctimas y, por lo tanto, no están haciendo nada malo. Nuestro mensaje es y ha sido claro: la corrupción pública erosiona la confianza de la gente en nuestras instituciones y alimenta el malestar civil”, dijo el agente especial a cargo Joseph González, del FBI en San Juan.
