DPI endosa iniciativa para crear registro de personas envejecientes, incapacitadas, encamados o con condiciones de salud apremiantes
Inter News Service
San Juan, PR / 2 de noviembre de 2021 – El defensor interino de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), Gabriel Corchado Méndez, vio con buenos ojos la aprobación en la Cámara de la resolución conjunta 186, que ordena al Departamento de la Familia (DF) crear un censo y un registro sobre las personas envejecientes, incapacitadas, encamados o con condiciones de salud apremiantes, en colaboración con los 78 municipios para, en caso de emergencias, inundaciones o fuerzas mayores, se pueda atender a estos ciudadanos con mayor prontitud.
“Para nosotros en la Defensoría de las Personas con Impedimentos es importante proveer servicios de manera eficiente, y examinando la medida de la autoría de la vicepresidenta cameral Lydia Méndez Silva, favorecemos que se haga una contabilidad precisa de dónde se encuentra esta población vulnerable para conocer sus necesidades y suplir lo necesario para ellos. Esto es particularmente importante en un país del Caribe, donde seis (6) meses al año estamos bajo temporada de huracanes”, señaló el funcionario.
La medida fue aprobada ayer con 42 votos y ahora pasa el Senado para su posterior análisis.
“Particularmente importante en esta medida es que se integra a los municipios en el proceso, ya que en los momentos de emergencias como tormentas, huracanes y terremotos, son la entidad gubernamental que más cerca están de las comunidades”, declaró Corchado Méndez.
Durante el proceso de audiencias públicas de la resolución conjunta 186, la DPI participó con una ponencia sometida al representante Luis Ortiz Lugo, presidente de la Comisión para la Preparación, Reparación y Reorganización ante una Emergencia.
“Nosotros endosamos la medida, haciendo la salvedad de que una persona incapacitada no es una persona con impedimentos, de acuerdo a lo estipulado en el capítulo VII del Libro II del Código Civil de Puerto Rico. Exhortamos a los senadores que aprueben esta medida, y que eventualmente se convierta en ley con la firma del gobernador”, declaró el defensor.
En Puerto Rico se estima que hay poco más de 700,000 personas con impedimentos.
