Periódico El Sol de Puerto Rico
San Juan, PR / – 7 de julio de 2021 – La presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Ada García Montes, reaccionó a los informes periodísticos que revelan que una empresa contratada por el Departamento de Educación para ofrecer tutorías, falló malamente en su labor. Entre el 18.84% y 61.69% de los estudiantes de las nueve escuelas de la región oeste donde la corporación Colegio Único de Oportunidades (CUO), con $5.5 millones en contratos, ofreció tutorías a estudiantes, los cuales resultaron con notas de “D” o “F” en una o más de las materias que cursaron en el año escolar que acaba de concluir, según datos del propio DE.
Para la también senadora por el distrito Mayagüez Aguadilla, “esta situación es de preocupación adicional para nosotros, ya que este Colegio Único de Oportunidades estableció centros de tutorías en escuelas de nuestro distrito Mayagüez Aguadilla”, señaló la senadora, refiriéndose a las Escuelas Isabel Suárez, Espino y Carmen Casasús Martí, en Añasco; Mildred Arroyo y S.U. Antonio Acarón Correa, en Cabo Rojo; Eva y Patria Custodio, en Las Marías; José Gautier Benítez y Elpidio A. Rivera, en Mayagüez; y Juan De Dios, en Moca.
Para iniciar la investigación y fijar responsabilidades, la senadora García Montes hizo uso de la Resolución de Senado 114, que viabiliza este tipo de trabajos legislativos, fijándose la primera vista para la semana de agosto. “Tan pronto se hagan las citaciones pertinentes, haremos públicos los detalles para que tanto la prensa como la ciudadanía puedan asistir a las vistas, de modo presencial o cibernético”.
El reporte de prensa señala que el Departamento de Educación contrató al llamado Centro Único de Oportunidades, aún sabiendo que la entidad no tenía la capacidad financiera ni experiencia previa en atender a estudiantes del sistema público. “Aún así, la gerencia del Departamento de Educación renovó el contrato a pesar de que la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) canceló un acuerdo previo con la empresa por presuntas deficiencias en sus prestaciones a estudiantes con impedimentos. Como maestra que he sido del sistema público de enseñanza, como abogada y como ciudadana, me indigna que con todo lo que hemos visto en el Departamento de Educación, continúen sucediendo estos casos que son, sin lugar a dudas, de corrupción”, finalizó García Montes.
